Una notable manera de hacer política y ejercer ciudadanía han demostrado los estudiantes en estos cinco meses de movilización.
Aunque suene majadero, cabe repetirlo y ponerlo en el debate público, más aún cuando ciertos medios se esfuerzan por mostrar a los dirigentes estudiantiles como intransigentes y responsables de quebrar el “diálogo” con el Gobierno, en la búsqueda de soluciones al conflicto.
Varias lecciones se pueden extraer de estos meses de movilizaciones.
Los actuales dirigentes estudiantiles vienen con “otro chip”, muy distinto al de las primeras generaciones pos dictadura, quienes adoptamos una actitud bastante más pasiva.
La llamada “intransigencia” del movimiento estudiantil no es tal, en cuanto están exigiendo, además de las demandas en educación, ejercer una participación política propia dentro de un Estado que se jacta de democrático.
Ya son parte del pasado las movilizaciones estudiantiles que año a año reivindicaban más créditos o becas.
Este movimiento ha dejado más que claro que su demanda se sustenta en un proyecto político que busca cambios estructurales, asunto que el Gobierno y parte importante de la clase política interpreta como intransigencia.
¿Qué es lo que estamos entendiendo por democracia?
¿Una clase política que establece acuerdos cupulares y legisla lejos de los ciudadanos?
¿Un “diálogo” en que las autoridades dictan la pauta para que los ciudadanos sólo asintamos?
El momento actual nos invita a abrir los ojos y asumir un proceso político verdaderamente democrático, que apueste por la construcción de una sociedad donde el status de ciudadanía no sólo se defina por la posesión formal de derechos, sino por sus posibilidades de ejercicio real, todo ello en un contexto que abra espacios para la deliberación y donde la ciudadanía participe activa y responsablemente en la construcción de la sociedad que desea.
¿Qué mejor forma de ejercer participación política que participar de la elaboración y discusión de proyectos de ley?
Cuando el gobierno declara que se mantiene la invitación a dialogar, pero que al mismo tiempo avanzarán en la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley, parece como si ese espacio fuera ajeno a la ciudadanía y a la búsqueda de acuerdos.
Hay una gran distancia entre esa forma de invitar al “diálogo” para buscar soluciones y la construcción conjunta de un proyecto país.
El quiebre de la mesa de diálogo en educación deja en evidencia la falta de espacios reales de participación política en Chile.
El gobierno declara estar abierto al “diálogo”, mientras que al mismo tiempo anuncia un proyecto de ley anti-tomas o hace oídos sordos a la solicitud de los estudiantes de conocer los proyectos de ley en materia educativa antes de que éstos ingresen al Congreso.
Esta petición, que se presenta mediáticamente como una “pataleta” de los estudiantes, es una demostración de nuestra incapacidad para construir proyectos colectivos de forma colectiva.
Sostengo y confío en que estamos viviendo un punto de inflexión importante del cual, aunque con avances y retrocesos en el camino, saldrán nuevas y mejores prácticas, más incluyentes, dialogantes y democráticas.
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