¿Que pide la CONFECH? Rebajar sucesivamente los cobros de aranceles y matrículas a los estudiantes, garantizando al mismo tiempo que todos los puedan pagar y reemplazarlos con creces por aportes basales del Estado a las instituciones de educación superior públicas.
Para empezar, terminar con la parte más escandalosa y abusiva del cobro a los estudiantes: el Crédito con Aval del Estado (CAE), cuyos principales beneficiarios son unas pocas instituciones privadas con fines de lucro y los bancos intermediarios.
El presupuesto del 2012 hace lo contrario y debe ser rechazado por la oposición en el Parlamento.
Las partidas asignadas al CAE representan el 30 por ciento del presupuesto 2012 de educación superior y se pagan a los bancos intermediarios. Deben ser reasignadas a aportes basales a las instituciones, becas y créditos solidarios.
Ello representa bastante más de la mitad de los recursos totales aportados por el CAE a las instituciones de educación superior. Lo que aportan los bancos por cuenta de los estudiantes es una cifra significamente menor.
Estos últimos recursos se pueden reemplazar por los aportes adicionales que el presupuesto ya asigna a educación superior, mediante la eliminación del lucro de algunas de las instituciones que hasta ahora reciben el CAE y con un monto adicional razonable de recursos presupuestarios.
Terminar de inmediato y en forma definitiva con el CAE significa eliminar la parte más perversa y escandalosa del actual mecanismo de financiamiento de la educación superior.
Promueve de manera irresponsable que cerca de 300 mil estudiantes asuman compromisos financieros superiores a 800 millones de dólares anuales, sin considerar los intereses. La mayoría nunca va a poder pagar.
Más de la mitad del CAE es financiada por el Estado, que el 2011 destinó un tercio del presupuesto de educación superior a recompra de cartera CAE con elevadísimas recargas en beneficio de los bancos.
Un 77 por ciento del CAE financia a instituciones privadas y la mitad del mismo va a parar a manos de tres de ellas, todas con fines de lucro, mientras las universidades del CRUCH perciben solo un 13 por ciento del mismo.
Las instituciones de educación superior se financian hoy principalmente mediante cobros a sus estudiantes, venta de servicios y aportes estatales. Estos últimos representan menos del 15 por ciento del total, mientras los primeros se elevan a más de dos tercios del total y sobre el 90 por ciento en algunas instituciones privadas.
En las universidades del CRUCH, en cambio, entre las cuales se cuentan las cinco que concentran casi toda la investigación científica, los cobros a los estudiantes representan menos de un tercio de su presupuesto, a pesar que los aranceles son similares.
La eliminación del CAE significará ciertamente una disminución significativa de recursos destinados a la educación superior, que son los aportados por los bancos con cargo a los estudiantes.
Sin embargo, ellos representan solo una fracción del monto total aportado hoy mediante este mecanismo y dicha suma puede ser repuesta sin mayores problemas.
El 2011 por ejemplo, según la Dirección de Presupuestos, DIPRES, el CAE aportó 404.000 millones de pesos a las instituciones de educación superior, girados por los bancos con cargo a los estudiantes.
Este mismo año el Estado asignó un total de 253.262 millones de pesos para recompra de CAE con recarga, lo que representó exactamente un tercio del presupuesto de educación superior de ese año.
Es decir ¡un tercio del presupuesto del año en curso se entregó a los bancos!
De este modo, si los recursos presupuestarios se hubiesen entregado directamente a las instituciones de educación superior, la disminución de ingresos a estas últimas hubiese sido de sólo 142.000 millones de pesos. Ese es el monto neto aportado por los bancos con cargo a los estudiantes.
Si esta medida de saneamiento se adopta en el presupuesto del 2012, la disminución de recursos a las instituciones de educación superior por este concepto será de este mismo orden.
¿Cómo reponerla de modo que estas últimas no se vean afectadas? La respuesta es sencilla.
En primer lugar, el incremento del presupuesto de educación superior del 2012 respecto del 2011 es de 77.473 millones de pesos en moneda de este último año.
Es decir, el presupuesto ya consigna un incremento de recursos que repone la mitad de lo aportado en CAE en forma neta por los bancos por cuenta de los estudiantes.
Buena parte de la otra mitad la pueden absorber perfectamente las instituciones privadas de educación superior que actualmente lucran con el CAE.
Por ejemplo, una de las principales beneficiarias es INACAP, institución que declaró utilidades netas por más de 15.000 millones de pesos el 2010, año en que fue la más rentable de las instituciones de educación superior.
Una manera distinta de decir lo mismo, es que los estudiantes que actualmente pagan cantidades ingentes en matrículas y aranceles financiadas con CAE a estas instituciones, pueden ser absorbidos por las instituciones públicas de educación superior a costos menores.
Los estudiantes que hoy tienen CAE podrán optar en su reemplazo a créditos del Estado en condiciones similares a las del actual Crédito Solidario.
Los estudiantes que ya son deudores CAE deberían beneficiarse con la condonación de a lo menos la mitad de su deuda. El Estado puede proceder de inmediato a la condonación de este porcentaje en los CAE que ya ha recomprado.
Ello no significa más que reconocer que la mitad de los mismos es incobrable. La tasa de morosidad actual excede el 54 por ciento en algunas instituciones.
El Estado puede ir recomprando los demás CAE a los bancos y condonando la mitad de la deuda respectiva, a medida que los mismos vayan llegando a su vencimiento, Es decir, a medida que los estudiantes vayan egresando, con lo cual se reduciría la cantidad a desembolsar año a año.
Hacia adelante, habrá que ir reduciendo sucesivamente los cobros de aranceles y matrículas y reemplazándolos con creces por aportes basales a las instituciones de educación superior públicas.
Es decir, como las define la CONFECH, en primer lugar las estatales y también aquellas sin fines de lucro que realicen todas las funciones que les son propias, contratando establemente académicos de excelencia, no discriminando bajo ningún concepto y promoviendo el acceso a estudiantes de menores ingresos y garantizando todo lo anterior mediante formas de gobierno interno democráticas.
Pero ahora hay que terminar definitivamente con el CAE. Su reemplazo por financiamiento estatal a las instituciones significará un alivio enorme a los estudiantes. Es por ahí donde hay que empezar.