El reciente informe sobre el estado de la educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue un espaldarazo a las movilizaciones de los estudiantes, apoderados y profesores de Chile, que buscan una reforma estructural al sistema educativo nacional.
El informe, publicado la semana pasada, tuvo muy poca acogida en los medios de comunicación chilenos – el diario más influyente del país sencillamente no lo publicó- pretendiendo ignorar y desarticular el movimiento que, a pesar de estas arbitrariedades, continúa reclamando una educación pública de calidad y gratuita, que no exista el lucro en la educación y que aquellos establecimientos que lo mantienen no reciban aporte del estado.
Luchando por una educación con inclusión social que ponga fin a la segregación que se origina desde los primeros años de educación de nuestros hijos.
Esta verdad, a la cual ninguna autoridad del país se ha referido, y seguramente tampoco lo hará, es la que tiene asfixiadas a las familias chilenas ya que el financiamiento de los distintos niveles de educación es sustentado por ellas mismas lo que representa destinar a este rubro casi el 50% de sus ingresos.
Está comprobado que el estado ha desatendido esta obligación para con sus ciudadanos y por lo tanto es imperioso continuar con el apoyo al movimiento estudiantil que sólo busca hacer justicia con sus derechos sociales, los de las generaciones venideras y también la de sus padres que continúan haciendo ingentes esfuerzos para pagar la educación con la cual muchos lucran.
El informe de la OCDE, organización de los países más desarrollados del mundo y que sólo cuenta con dos integrantes latinoamericanos, Chile y México, dice que “el sistema educacional en Chile es único entre los países de la OCDE en descansar fuertemente en fuentes privadas…”, es decir, lo pagan las familias chilenas: la suya, la mía, todas.
En la enseñanza básica y media, el 22% del total que se invierte en educación surge del bolsillo de los privados. Es la cifra más alta de los 38 países de la organización, después de Corea y el Reino Unido, aunque con diferencias mínimas. En promedio, en la OCDE, el 9% del gasto en educación primaria y secundaria proviene de privados.
En educación superior, la inversión privada es más alta: el 85%.
La mayoría es financiada directamente por los bolsillos de las familias. Al igual que en la educación básica y media, el pago va a los aranceles, que superan los nueve mil dólares al año, es decir alrededor de 400 mil pesos mensuales, los más caros después de EE.UU.
Hay que erigir un monumento a las familias que tienen que educar tres o cuatro hijos en Chile.
Es increíble que el estado, responsable del bien común de sus ciudadanos, invierta menos del 15% en educación teniendo en cuenta que ésta es la llave que puede conducir al país a alcanzar mayores grados de desarrollo y de justicia social para sus habitantes.
Según este organismo internacional las universidades estatales chilenas, que reciben muy pocas aportaciones del Estado en comparación con otros países, son las más caras de América Latina y sus aranceles triplican los de Italia, cuadruplican los de España, quintuplican los de Bélgica y son 19 veces mayores que los de Francia.
Por lo mismo, el apoyo que la ciudadanía brinda a los estudiantes en sus movilizaciones es elevadísimo.
Una encuesta publicada por el diario La Tercera este 18 de septiembre, día en que se conmemora la Independencia de Chile, el 69% de sus ciudadanos respaldan las manifestaciones de los estudiantes.
Ahora bien, en medio del clima especial vivido estos días por la tragedia de Juan Fernández, el 56% de los chilenos estima que los estudiantes deben seguir movilizados hasta lograr sus demandas.
Consecuentemente con lo anterior, el 63% opina que los estudiantes deben mantener sus movilizaciones, ya que más del 70% opina que uno de los puntos en discusión, el lucro, perjudica la calidad de la educación que sigue siendo la principal preocupación del movimiento estudiantil y de la sociedad.
Cuando los autores de la encuesta preguntan cómo califica el comportamiento del gobierno en el manejo del problema de la educación, pese a subir algunos puntos, sólo el 27% de la población le da su aprobación; la misma contrasta con el apoyo que reciben los líderes estudiantiles universitarios Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quienes obtienen 69% y 73% de aprobación, respectivamente.
Queda claro entonces por qué los jóvenes chilenos, con el apoyo de sus profesores y padres, continuarán movilizados, aunque el gobierno, a través del servicio que le prestan algunos medios de comunicación, quiera demonizar y desarticular su movimiento con verdaderas campañas del terror que los chilenos ya conocimos en tiempos no muy lejanos.