Los que estamos a favor de la vida digna y en libertad defendemos la idea de permitir que cada persona, y especialmente las mujeres que dan a luz, decidan cuando se presenta la tensión entre la vida y la muerte del feto, por motivos de salud de la madre u otros que incidan en consecuencias nefastas para las familias.
Los que respetamos las diversas culturas y las diferentes formas de pensar, no queremos imponer nuestra mirada.
Queremos que la gente libremente decida sobre sus valores, de acuerdo a su propia historia y educación.
En el mundo de hoy tenemos la oportunidad de regular legislativamente de acuerdo a la realidad.
No somos jueces, somos parlamentarios y parlamentarias que defendemos los derechos humanos, independientemente de las religiones y creencias que interpreten la realidad, queriendo imponer su criterio.
¿Cómo es posible que se penalice a las madres y a los médicos por hacerse cargo de un tema tan esencial para la especie humana?
¿Cuándo se penaliza a un ser humano? Cuando comete delitos definidos por las sociedades para su ordenamiento cultural. Así como las sociedades cambian, las culturas cambian y por consecuencia los delitos.
Para hacerse cargo del problema, hay algunos que lo resuelven prohibiéndolo y penalizándolo.
Desde mi mirada, esa línea de acción y de argumentación se aleja mucho de construir una sociedad inclusiva, no sólo en derechos para todos.
Por el contrario, la voz oficial de las iglesias y este gobierno no responden a las miles de personas que representan, entregándoles la posibilidad de decidir no sólo en cuanto al aborto terapéutico, sino en todos los temas valóricos en los cuales se enfrentan las decisiones que afectan a las familias y las que afectan a la sociedad.
Confunden los planos para no perder el poder de sus instituciones, entonces se pierde el sentido último de defender la vida de los seres humanos, considerando todos sus valores y fundamentalmente el de la libertad.