Hace más de dos décadas que la dictadura, derrotada en las urnas, entregó el gobierno.
Sin embargo, todavía los partidos políticos –instrumentos de participación política- no cumplen su compromiso de democratizar cabalmente la sociedad y el Estado.
Todavía, la mala calidad de la política, no permite una sociedad consensuada.
Seguimos añorando una democracia de calidad en lo político, social y económico.
Las movilizaciones sociales, demuestran que la ciudadanía se hartó de ser abusada por autoridades, empresas, servicios, partidos políticos y, ahora, exige cambio en las reglas del juego democrático, quiere que actúe la buena política y aparezcan las reformas: políticas, económicas y sociales, que siguen pendientes.
El vuelco que tuvo el repudiable asesinato del estudiante Manuel Gutiérrez, pone bruscamente en el tapete otra reforma faltante: la de la Justicia Militar, sobre la cual, la senadora Alvear dice que: “tiene mucho de militar y poco de justicia”.
Las luces de alarma se encendieron al derivarse este caso a la Justicia Militar, de inmediato se recuerdan casos anteriores, donde los culpables de asesinatos no fueron castigados y solo recibieron condenas simbólicas.
El 11 de septiembre de 2005, en Peñalolén, el carabinero Daniel Cabrera asesinó de un disparo a Cristián Castillo Díaz, de 16 años, la justicia militar, el 2010, lo condenó a 541 días por “violencia innecesaria con resultado de muerte”,…no pasó ningún día en la cárcel.
Aplicar la Justicia Militar en tiempos de paz, es contradictorio con el sistema democrático, este es uno de los enclaves antidemocráticos que debe eliminarse, para no subyugar la democracia a intereses de grupos de poder.
Uno de estos grupos de poder, las Fuerzas Armadas, ha impuesto que sea la justicia militar quien juzgue a sus integrantes, aún cuando, cometan delitos comunes. Desde el año 2007 que existe un proyecto en el Congreso para que las víctimas civiles de miembros de las FF. AA sean investigados por la justicia civil.
El 12 de agosto de 2009 el carabinero Miguel Jara Muñoz disparó por la espalda a Jaime Mendoza Collío, matándolo. De inmediato, el entonces subsecretario Rosende, validó y defendió a carabineros diciendo que su actuar fue ajustado a derecho y que los respaldaba plenamente. El ministro Pérez Yoma, declaró que la muerte de Mendoza Collío “constituía un lamentable accidente pero, correspondía un hecho aislado”
Pero la investigación demostró que no era así, e incluso, se descubrió que carabineros realizó un montaje para justificar el asesinato de Mendoza Collío: le disparó a las ropas de Jara Muñoz y luego las envió al tribunal, diciendo que aquellos disparos los había hecho la víctima. El caso aún está en la Justicia Militar.
En enero de 2010, la Justicia Militar condenó a tres años y un día al cabo Walter Ramírez Inostroza, por “violencia innecesaria con resultado de muerte” contra el estudiante Matías Catrileo Quezada en enero de 2008. Según el informe balístico de la PDI, el cabo Ramírez Inostroza le disparó a su víctima por la espalda.
Existe otro grupo social poderoso y transversal, que también se ha coludido para impedir que se aplique la ley que impide el lucro en las universidades.
Estos días hemos observado a integrantes UDI, RN y el propio ministro Bulnes hacer lobby abiertamente, antes de la reunión del próximo sábado en La Moneda, para rechazar la demanda de los estudiantes de fin al lucro.
Estas malas políticas -la mantención de la Justicia Militar a los civiles y la no aplicación de la Ley contra el lucro- sumados a las demandas por la educación, movilizan a la gente en pos de políticas de calidad.
La gente no se moviliza contra de la democracia, lo hace porque en todos los ámbitos encuentra discriminaciones.
El clamor es igualdad de condiciones para vivir, para estudiar, para acceder a la salud, igualdad de condiciones para alcanzar el bienestar, igualdad para participar políticamente.
La gente está decepcionada porque tras 20 años de gobiernos democráticos los abusos persisten, porque la Concertación cuando gobernó fue timorata, dejó que la derecha ejerciera el poder económico y social sin contrapeso, a los cuales, ahora sumó el poder político.