Vivo cerca del liceo Estación Central, establecimiento municipal en el que estudian unos 500 alumnos, hijos de familias modestas, y que se encuentra tomado desde hace dos meses, como parte del movimiento que ha comprometido a universitarios, secundarios y profesores.
Al pasar a diario frente al colegio, en la calle Purísima, siento desazón por todo lo que sus alumnos están arriesgando debido a la prolongación de un conflicto del cual son claramente actores secundarios, ya que los protagonistas son la Confech y el gremio de profesores.
Es legítimo que los estudiantes de los colegios públicos se movilicen por tener una mejor educación. Y que se preocupen de la perspectiva de entrar a la educación superior en mejores condiciones que las actuales, sin que sus familias se endeuden más allá de sus posibilidades para que ellos tengan una carrera.
He conversado con algunos estudiantes del liceo Estación Central. Al principio, estaban motivados por el deseo de usar el pase escolar sin limitaciones, pero hoy su lema principal es el fin del lucro en la educación, pese a que ellos estudian en un colegio gratuito.
Un dirigente de la toma me explicó que querían una educación de calidad, y le dije que estaba completamente de acuerdo con eso, pero que había que precisar cómo conseguirlo.
¿Quieren que se vayan los profesores actuales y que lleguen otros?, le pregunté. No, no queremos eso, me dijo.
Bueno, respondí, entonces hay que evaluar a los actuales y mejorar las cosas aquí.
Agregó que desean una mejor infraestructura, un taller de ciencias por ejemplo, lo que es enteramente justo. El municipio de Estación Central tiene una palabra que dar al respecto.
¿Hay que terminar con la dependencia municipal? No hay para qué imponer una sola fórmula. Algunos municipios pueden sentirse aliviados de que los liberen de administrar los colegios, pero otros los administran eficientemente (y con más recursos, por supuesto).
Es interesante la propuesta de agrupar a tres o cuatro municipios en una corporación de derecho público que administre los colegios de sus comunas.
Por encima de todo eso, estará la fiscalización de la Superintendencia de Educación, cuya ley acaba de promulgarse. En todo caso, lo decisivo es que mejore el proceso de enseñanza, y eso depende de lo que ocurra en la sala de clases, en primer lugar del desempeño docente.
¿Qué va a pasar con los estudiantes de 4° Medio, que rinden la PSU este año? Enfrentarán ese momento con mayores desventajas de las que ya les impuso el cambio de la PAA por la PSU hace algunos años.
Ese fue un enorme error del Mineduc y del Consejo de Rectores, puesto que la PSU está concebida sobre todo como prueba final de contenidos de la enseñanza media, o sea, de evaluación de “la materia pasada”, en cambio la PAA estaba más orientada a medir aptitudes y a ser un predictor del desempeño universitario. Hay que revisar la PSU y dar mayor ponderación a las notas de enseñanza media al postular a la universidad.
El actual movimiento estudiantil consiguió la simpatía de la mayoría de los chilenos porque expresa la demanda de igualdad de oportunidades en la educación. Se han creado condiciones para producir un consenso político sobre las reformas más urgentes. Llegó, pues, el momento de lograr acuerdos con el gobierno y el Congreso que signifiquen avances concretos, los que siempre serán parciales.
Sin acuerdos, puede ocurrir que una buena causa termine causando estragos demasiado altos, como la pérdida del año escolar.
Algunos alumnos de Buin se encuentran en huelga de hambre. No pueden arriesgar su vida de ese modo (y es de esperar que nadie los aliente a eso). Deben luchar para que la vida sea mejor, junto al resto de los chilenos.
En el conflicto educacional están en juego las necesidades concretas de miles de familias.
Por desgracia, un efecto de su prolongación es que no pocos padres consideran la posibilidad de retirar a sus hijos de los colegios municipales para llevarlos a los particulares subvencionados, es decir, lo contrario del objetivo de fortalecer la educación pública.
En los últimos años, el gremio de profesores ha realizado innumerables paros en los colegios municipales (sí, hay que decirlo, sólo en los colegios municipales), lo que ha alentado el éxodo de alumnos hacia los particulares subvencionados.
Tal dinámica ha terminado dañando a la educación pública que en los discursos se dice defender. Los intereses gremiales o políticos no deben seguir superponiéndose al de los alumnos y sus familias, que anhelan una educación pública de calidad, lo que, entre otras cosas, exige evaluar a los profesores.
Los dirigentes nacionales de los estudiantes secundarios se han mostrado dispuestos a dialogar con el Congreso. Ojalá prospere esa posibilidad y se abra un canal de compromisos con el gobierno que permita iniciar la discusión de las nuevas leyes que se necesitan.
En esta hora, hay que pensar en los estudiantes de carne y hueso, en particular en aquellos que, como los del liceo Estación Central, vienen de hogares modestos y necesitan ampliar sus posibilidades de desarrollo futuro, no restringirlas todavía más.