Nuevamente tenemos que remitirnos a lo más importante que está pasando en el Chile de hoy. Llevamos ya dos meses de conflicto. El país ha sido testigo de marchas multitudinarias, las más nutridas desde que recuperamos la democracia.
Y pareciera que estamos de nuevo en el punto de partida. La inmensa mayoría de los ciudadanos apoya las demandas de los estudiantes.
¿Cómo podría ser de otra manera, si estos estudiantes vienen de las mismas familias chilenas que palpan la mala calidad de la educación o enfrentan severos problemas de endeudamiento por lo que debería ser un derecho?
Aún así, el gobierno se ha tomado estos dos meses para formular respuestas claramente insuficientes. Qué desperdicio.
Tenía, y quizá tiene aún, la oportunidad de lograr un cambio decisivo en un tema crucial para el futuro del país, para su proyecto democrático, para sus anhelos de mayor equidad.
Pero el gobierno insiste en desconocer las manifestaciones de la voluntad popular, ya sea mandando respuestas claramente insuficientes a las demandas estudiantiles o respondiendo con una brutal represión al intento de ejercer libertades constitucionales como el derecho a reunión y el derecho a expresar en la calle el malestar y el disenso.
No son maneras. El orden público es importante, pero es mucho más importante que el gobierno escuche a la gente y entienda de una vez por todas qué significa el mandato popular.
El gobierno está para servir a la gente. A todos. No sólo a sus electores ni menos sólo a los partidos políticos que lo apoyan.
Gobernar es escuchar, auscultar, entender las necesidades de las personas y darles un cauce institucional y legal.
Gobernar no es imponer, ni dictaminar, ni retar a la gente como si todos fuéramos niños desobedientes.
Gobernar no es imponer a todos una manera de pensar y de actuar. El gobierno, en cambio, ha sido sordo a la voz de la gente y refractario a la hora de resolver los conflictos con propuestas inclusivas.
Y para ser realmente inclusivos, desde el Congreso Nacional hicimos una propuesta transversal, con participación de ambas cámaras y de todos los sectores políticos; asimismo, hemos insistido en proponer que el Parlamento sea el escenario para un diálogo nacional amplio, con la participación de todos y con el compromiso de todos de llegar a acuerdos.
Queremos que el Congreso sea el garante de todas las posturas y que todas tengan la misma ponderación.
No se trata ya de pasar la aplanadora o de imponer la voluntad de unos por sobre la de otros.
Se trata de diálogo y de acuerdo entre los distintos actores, y en el Congreso Nacional sabemos de eso.