La movilización de los estudiantes ha conseguido poner en el debate público y político, distintos aspectos de la crisis estructural en que se encuentra el sistema educacional en Chile, en todos sus niveles.
Prueba concreta de ello es la gran variedad de temas que incluyen tanto las “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”, elaborada por los estudiantes; como el documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, entregada por el gobierno el pasado lunes.
Tela de dónde cortar hay mucha. Para efectos de esta columna quiero referirme a un aspecto relacionado con la administración de la educación escolar, por largo tiempo debatido: la desmunicipalización.
Las políticas aplicadas a partir de la municipalización en los ‘80 han impactado de manera diferenciada a las distintas comunas del país, desencadenado una serie de inequidades que se acentúan y perpetúan en el tiempo y que no se mejoran únicamente con destinar más o menos recursos, sino que, tal como se ha señalado en reiteradas ocasiones, con cambios de fondo, estructurales.
Y es que la municipalización de la educación constituye un ejemplo claro de la ceguera con que se diseñan e implementan las políticas sectoriales, para todo el país de manera homogénea, sin tomar en cuenta la desigual capacidad de gestión de los municipios, la diversidad territorial que se expresa en cantidad de habitantes, recursos, geografía, diferencias culturales, porcentaje de ruralidad, entre otros elementos que conforman contextos heterogéneos a lo largo del país.
La importancia de considerar estos factores es fundamental.
En los establecimientos municipales se educan alrededor de 1,8 millones de estudiantes, cifra que representa el 46% de la población escolar del país, pero lo más importante, es que otro porcentaje significativo de esos estudiantes proviene de hogares de escasos recursos, alcanzando casi un 70% de las matriculas de este sector (Marcel y Raczynski, 2009).
Las inequidades se concentran pues, salvo contadas excepciones, en las comunas más pobres, donde se distribuyen menos recursos y se observan los peores resultados en educación.
Por eso es que, desde un punto de vista estrictamente técnico, desmunicipalizar la educación resulta una alternativa deseable. No sólo para los municipios que enfrentan restricciones financieras, sino también para el logro de mejores resultados educativos en contextos socio-territoriales adversos.
Pero no hemos logrado ponernos de acuerdo en cómo hacerlo.
¿Agencias regionales?
¿Devolución al Ministerio y “recentralización”?
¿Asociaciones de municipios?
El tema fue abordado por el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Educacional, convocado en 2006 por la entonces presidenta Michelle Bachelet; también por el Panel de Expertos para la Educación de Calidad convocado el segundo semestre del 2010 y que entregó sus recomendaciones al Ministro Lavín en marzo de este año.
Las propuestas han sido diversas y no se ha logrado establecer consensos, ni entre los especialistas, ni entre los alcaldes, ni entre la clase política, ni con los estudiantes. Se trata en general, de propuestas homogéneas para todo el país.
Pero no necesitamos una única fórmula para todas las escuelas. Hay municipalidades perfectamente capaces y deseosas de seguir involucrándose con la gestión de la educación, otras que no están en condiciones de hacerlo aisladamente, pero que pueden y quieren asociarse para ello y otras que, definitivamente, preferirían desligarse de esa responsabilidad.
Cabe entonces conjugar la voluntad política municipal, las capacidades técnicas locales y los resultados que obtienen los estudiantes en cada caso, en la búsqueda de la fórmula más pertinente para cada caso.
A estas alturas ya deberíamos saber que las “recetas” estándares elaboradas en Santiago, no siempre aplican ni obtienen los mismos resultados en nuestra diversa realidad nacional.
Hoy parecemos estar otra vez en foja cero y el gobierno nos invita a analizar el tema y pensar nuevas alternativas institucionales. La iniciativa es valorable, sin duda.
Esperemos que cuando vuelvan a generarse las condiciones para el diálogo y la construcción de acuerdos, el debate sobre la desmunicipalización no haga tabla rasa de lo que ya sabemos al respecto.
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