La ex Villa San Luis, comuna de Las Condes, conjunto de edificios de viviendas sociales, proyectado y construido durante el gobierno de Salvador Allende, fue ocupado por el Ejército después del golpe militar, desalojándose con fuerza a sus pobladores civiles, para que allí vivieran sus efectivos de baja graduación.
Tiempo después, en plena democracia, fue demolido en 1996 y su extenso terreno fue vendido por esa rama de las FFAA en 90 millones de dólares a un grupo de inversionistas que han levantado allí varios modernos edificios en altura.
Hoy día esa urbanización de lujo se llama “Nueva Las Condes”, pero lo más curioso, empleando una palabra suave, es que esa cuantiosa suma de dinero no ingresó a la caja fiscal, como en rigor correspondía, sino directamente a la tesorería del Ejército.
Recordemos que en la fecha de la transacción comercial quien ejercía el mando en el Ejército era Augusto Pinochet y por ello se debería entender lo anterior.
Sobre este luctuoso episodio, el arquitecto Miguel Lawner, director entre 1970-1973 de la desaparecida Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), dependiente del Minvu, ha relatado con lujo de detalles todo lo acontecido, pero los distintos gobiernos de la Concertación, posiblemente por miedo a las represalias, han optado por no investigar nada y por ello ya nadie habla de ese acontecimiento que ya es historia.
En esta ocasión narraremos un hecho similar, pero de actualidad, que dimos a conocer sucinta y preventivamente a fines del 2008, sin que nadie se diera por aludido. En aquella época esperábamos que algún diputado, ejerciendo sus atribuciones legales, fiscalizara pero no fue así.
Hoy, julio de 2011, volvemos a la carga porque todos los antecedentes de respaldo del nuevo caso se los entregamos en días pasados, con el arquitecto Miguel Prieto, al ministro de Defensa, Andrés Allamand y a Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda, con el propósito de que el primero instruya una investigación al interior del Ejército, solicitando una fiscalización por parte de la Contraloría General de la República y requiriendo un análisis jurídico del Consejo de Defensa del Estado, ya que están comprometidos los intereses fiscales.
Vamos al grano :
En la comuna de La Reina, entre las calles Nueva Príncipe de Gales, Larraín y Valenzuela Llanos, se localiza un terreno de 60 hectáreas denominado “Cantón Militar de La Reina General René Schneider”.
Este terreno formó parte del denominado Fundo La Reina, otrora perteneciente a la familia Larraín, pasando posteriormente al Servicio de Seguro Social (SSS) hasta el año 1965 cuando fue comprado por el alcalde Fernando Castillo Velasco, el cual, como buen arquitecto, planificó allí el emplazamiento del Instituto Forestal, el Municipio de La Reina y distintos servicios públicos en su parte más alta (con frente a la que hoy se llama calle Nueva Príncipe de Gales o Las Perdices).
También se había proyectado en el resto de terreno el Centro de Deportes de Alto Rendimiento, dependiente de la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER).
Pero esas buenas intenciones quedaron truncas por diferentes razones y sólo se construyó allí el Instituto Forestal, quedando el resto del paño en poder de la DIGEDER.
Con el golpe militar del año 1973 las instalaciones fueron ocupadas por el Ejército, quien habilitó allí la Academia de Guerra y con posterioridad otras dependencias, produciéndose entre los años 1982 y 1983 el traspaso del terreno íntegro al Ejército, agregándose posteriormente el Hospital Militar, la Academia Politécnica, el Comando para las Operaciones de Paz en el Exterior, viviendas para los alumnos de la Academia de Guerra, el Comando de Institutos Militares, la Escuela de Educación Física del Ejército y otros equipamientos.
Con el retorno al sistema democrático el arquitecto Castillo Velasco ganó las elecciones de alcalde y asumió como tal en el año 1992. Una de sus primeras iniciativas de bien público fue gestionar con el Ejército la recuperación de una parte del predio, lo cual se alcanzó finalmente entre los años 2000-2001.
Así la Municipalidad de La Reina recibió un poco más de 6 hectáreas en el sector sur oriente, con frente a calles Larraín y María Monvel, donde ese municipio construyó un equipamiento comunitario llamado “Aldea del Encuentro”, que reúne actividades administrativas, culturales, deportivas y turísticas que benefician a la comunidad.
Con la construcción del nuevo Hospital Militar se originó la apertura de la calle Doctor Wenceslao Díaz, quedando segregada una parte del terreno de unos 13.000 m2 (1,3 hectárea).
El Plan Regulador Comunal del año 2001 le asignó a este predio un uso de suelo vivienda y equipamiento y su modificación del año 2010 mejoró sustancialmente sus condiciones de edificación, aumentándose los porcentajes de uso de suelo y coeficiente de constructibilidad, es decir, se mejoró el valor económico de ese inmueble militar.
En meses pasados el Ejército vendió ese terreno a un particular que se propone ejecutar allí la construcción de un centro comercial, cuyos detalles se reflejaron en un reportaje que publicó el diario La Tercera.
¿Qué le manifestamos al ministro Allamand ?
Le solicitamos determinar si el amplio terreno de 60 hectáreas asignado al Ejército durante el gobierno militar fue comprado por el Ejército o si la DIGEDER fue despojada del mismo, sabiendo en todo caso que la anterior se incorporó en esa época a la institucionalidad militar.
También le hicimos presente que hubiera sido deseable que en el terreno remanente de 1,3 hectárea esa institución armada debería haber materializado, por ejemplo, un centro deportivo para la comunidad o bien un magnífico parque público, más aún si su localización es de carácter estratégico y todavía existen allí unos pocos árboles centenarios, como eucaliptos, pinos y álamos, los que no debiesen ser talados bajo ninguna circunstancia.
Por el contrario, según La Tercera, allí se construirá un supermercado y tiendas de retail en donde intervienen los sagaces inversionistas de Southern Cross, los mismos que durante algunos años controlaban La Polar. Estos se relacionaron con Inversiones Antares, de propiedad del conocido empresario inmobiliario Miguel Nasur, para llevar adelante estos jugosos emprendimientos.
En conocimiento de que todo el predio original, es decir, las 60 hectáreas, le pertenecían al Ejército, ¿cómo fue posible que una parte del anterior, se haya enajenado para fines distintos a los propios de dicha institución?
En el entendido de que el Ejército no le pagó a nadie por ese extenso terreno, quisiéramos saber si el producto de la venta del escindido de 1,3 hectárea ingresó al fisco o bien a la tesorería del vendedor, tal como aconteció con el negocio de la ex Villa San Luis en Las Condes.
¿Pasará piola esta nueva venta arbitraria?
¡Tenemos la impresión que sí!