El sector socioeconómico ABC1 accede mayoritariamente al crédito bancario. Por el contrario, los segmentos medios y más populares acceden sólo a las tarjetas del retail, al estar calificados como un grupo de “alto riesgo”.
Es en este último segmento es donde están los principales clientes de La Polar, los que representan el 60% de la población con un ingreso promedio mensual inferior a $400 mil.
Y como su capacidad de pago “no es segura”, se “compensa” con tasas mayores. Un grave ejemplo de ello, es que a los usuarios de este instrumento que obtuvieron un avance de dinero en efectivo o cargaron su tarjeta BIP, la empresa les cobró hasta un 51,14% de interés.
Junto con el abuso a los consumidores y perjuicios a sus accionistas y acreedores, el fraude de La Polar refleja un déficit en los mecanismos de fiscalización tanto propios como del Gobierno Corporativo de la empresa (Directorio y Auditores Externos); del mercado bursátil (clasificadoras de riesgo, corredoras, etc.); y del Estado (SBIF, SVS).
Todo ello, nos obliga a actuar con diligencia para establecer las responsabilidades y mejorar la legislación. Pero, fundamentalmente, tenemos la necesidad de fortalecer la fiscalización estatal.
Aproximadamente hace un año atrás, en el marco de la discusión del proyecto de ley de protección de tarjetahabientes, tanto el Fiscal del Banco Central como el Superintendente de Bancos, señalaron que no era necesario legislar para fiscalizar eficientemente a los emisores de tarjetas no bancarias.
Sin embargo, el mismo Superintendente hoy justifica su pasividad por la falta de facultades disponibles.
Y es que no basta con aprobar un insuficiente Sernac Financiero, o un proyecto de deuda consolidada, como lo pide la Banca. Hay que avanzar hacia un crédito más justo, modificando la tasa de interés máxima convencional, las que hasta día de hoy tiene ahogados a tantos deudores.
El problema de fondo, lo grave y perjudicial, es que un interés del orden de un 50% anual en tarjetas y líneas de crédito, está transformando en “riesgoso” no al cliente, sino al propio sistema financiero, generando un estrés de pago insoportable para la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos.
Ahí radica el riesgo.
Ahí radica un enorme problema en que debemos invertir todas las voluntades posibles.