Desde hace un poco más de 2 años está vigente la Ley Nº 20.285, de Transparencia, que le permite a la ciudadanía conocer todos los actos de la Administración del Estado, con algunas excepciones relacionadas con la Defensa Nacional y con las Relaciones Exteriores.
Esta normativa se originó por iniciativa de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS), después que conocieron un enérgico dictamen de la Contraloría General de la República que declaró como ilegales unas ochenta resoluciones y decretos que establecían el secreto para ciertas actuaciones en el aparato público.
Ahora bien, respecto del antojadizo y especulativo proyecto de expansión urbana, originado en el pasado gobierno de Bachelet y avalado por el vigente de Piñera, al cual nos oponemos por razones de índole ambiental y por otras consideraciones que no es del caso reseñar en esta oportunidad, pero que están publicadas en distintos medios de prensa, hemos considerado necesario, en esta ocasión, reproducir dos amparos presentados el 5 y el 6 de julio en curso ante el Consejo para la Transparencia, servicio que controla el cumplimiento de esa ley, en contra del intendente Fernando Echeverría, acérrimo impulsor de la ampliación de los límites urbanos en esta colapsada región.
La primera presentación la hizo el agricultor de Lampa, Diego Urrutia, porque cuando solicitó a Echeverría copia de la resolución del Consejo Regional (CORE) que aprobaba esta modificación de los usos de suelo, se le negó con pueriles argumentos.
El pretexto para no dar a conocer ese acto administrativo era que había que esperar la toma de razón por parte de la Contraloría.
La segunda presentación fue formulada por nuestra fundación debido a que dicho intendente no nos entregó copia de un Protocolo de Acuerdo, entre el gobierno regional y el Ministro de Hacienda, mediante el cual éste último se compromete a conceder 80 millones de dólares de la caja fiscal que servirían para mantener como tales unas áreas verdes privadas.
El primer amparo dice :
“En mi condición de ciudadano contribuyente y propietario de un pequeño predio agrícola localizado en la comuna de Lampa, recurro de amparo ante su Consejo en razón a que el intendente metropolitano don Fernando Echeverría se niega a entregarme copia de la resolución administrativa que aprobó una nueva expansión urbana en esta región.
La modificación que amplía los límites urbanos en 8 comunas periféricas se denomina PRMS-100 y mi solicitud de acceso a esa documentación pública se asocia a mi interés en conocer los fundamentos que ha tenido el gobierno para modificar los usos de suelo de algunos propietarios en desmedro de otros, uno de los cuales es el suscripto.
Hemos sabido por la Fundación “Defendamos la Ciudad” que el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha decidido llevar a cabo este proyecto para beneficiar, con plusvalías patrimoniales, a algunos particulares y que se ha llegado al extremo de mantener en secreto los nombres de las personas jurídicas y naturales que solicitaron a ese ministerio los cambios urbanísticos en comento. Es más, sabemos que esa fundación recurrió a su Consejo para que se transparente esa información.
En mi calidad de pequeño agricultor también deseo que mi campo cambie su aptitud de suelo para así obtener los beneficios económicos que tendrán solo los elegidos por el Minvu.
El secretismo empleado por el intendente Echeverría al negarse a entregarme el texto de la resolución PRMS-100 es consistente con el criterio de ese ministerio.
Como toda política pública debe ser tratada con probidad y transparencia, le solicitamos que le exija a ese alto funcionario del Estado a que nos entregue el documento en cuestión, el que en la actualidad se encuentra en el trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, ya que cuando lo conozca haré las presentaciones de rigor ante ese organismo fiscalizador para que la resolución PRMS-100 sea devuelta a su remitente”.
El segundo amparo dice :
“El 6 de junio de 2011, un mes atrás, le solicitamos al intendente Fernando Echeverría, copia del Protocolo de Acuerdo por 80 millones de dólares, firmado entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional, que preside dicho intendente, dentro del contexto de la modificación -PRMS-100- sobre los usos de suelo de 10.000 hectáreas en la región metropolitana.
En Oficio ORD. Nº 2425 del 8 de junio de 2011, recibido el 17 de junio de 2011, esa autoridad nos manifiesta que la materia la derivó al Encargado de Transparencia del Gobierno Regional, funcionario que a esta fecha no nos entrega ese documento público ni se ha comunicado con nosotros.
En razón de lo anterior y como han transcurrido más de los 20 días hábiles, contemplados en la ley, para que el intendente o sus subalternos cumplan con entregarnos copia de ese Protocolo de Acuerdo suscrito por dos instituciones del Estado, recurrimos de amparo para que el Consejo para la Transparencia exija al intendente el cumplimiento de la norma legal vigente”.
A la luz de estos dos escritos estamos ciertos que el Consejo para la Transparencia cumplirá a cabalidad con sus atribuciones legales, lo que significará que, dentro de poco tiempo, la ciudadanía conocerá ambos documentos públicos, hasta ahora mantenidos injustificadamente en reserva.
De lo anterior se concluye que, si el actual gobierno desea ser mejor evaluado en las encuestas, tiene que partir por desenvolverse con claridad a toda prueba, es decir, siempre de cara a sus mandantes, ya que el ocultismo es una práctica trasnochada e impresentable en el siglo XXI.