El tema de actualidad es La Polar y con justa razón porque se jugó con la credibilidad y si no hubiera sido por las denuncias que hicieron al Sernac miles de clientes engañados posiblemente el episodio no se hubiera conocido.
Sostenemos que ha sido tremendo el impacto que ha generado la detección de los ardides cometidos por esta otrora emergente y hoy descendente empresa de retail, lo que se aprecia al revisar el valor de sus acciones.
El directorio de la empresa argumenta que no sabía nada acerca de la repactación de las deudas vencidas de sus clientes, lo que nos parece sorprendente y en tal sentido el ministerio público tendrá la última palabra.
En este episodio delictual también fallaron todas las instituciones públicas que tenían el deber de fiscalizar las operaciones crediticias de La Polar y está claro que el sector privado que se desenvuelve en el ámbito financiero tendrá que mejorar sustancialmente sus procedimientos de control.
Todos los vendedores de mercancías a crédito, es decir, Jumbo, Falabella, Ripley, Hites y otros tantos, quienes prefieren cobrar a sus clientes con sus multicolores tarjetas tendrán que hacer, y ya lo deben estar haciendo, reingenierías profundas para normalizar sus actividades mercantiles.
El mercado funciona bien sólo cuando sus actores sectoriales tienen credibilidad pública y este golpe está avisando en orden a que no se puede abusar de los más débiles, es decir, de la gente que no tiene capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones.
Asociado a lo anterior, nuestra fundación desde hace tiempo le está proponiendo a las autoridades de Hacienda y de Vivienda que se elimine la figura mendaz de las llamadas viviendas económicas DLF2, las que tienen infinidad de franquicias tributarias porque estaban dirigidas a la clase media en la época (1959) en que se originó esta figura.
Con el paso del tiempo, para las mismas, se establecieron normas especiales contenidas en ciertos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con las cuales se vulneran abiertamente las reglas del juego impuestas en los instrumentos de planificación urbana de las distintas comunas del país.
Es decir, el discurso oficial de entregar atribuciones a los gobiernos locales se sobrepasa con decisiones discrecionales adoptadas por el gobierno central. Recordemos que los cambios en la OGUC se hacen por voluntad propia del Minvu sin consultarle a nadie.
Una junta de vecinos del sector oriente de Santiago nos entregó abundante documentación en donde se acredita que una inmobiliaria desea construir varias viviendas de lujo que hacen aparecer como económicas acogidas al DFL2, sin que efectivamente tales inmuebles califiquen para ello.
A modo de ejemplo, las verdaderas viviendas económicas pueden tener hasta 140 m2 construidos y las proyectadas, denominadas casas mediterráneas, tienen 201 m2 y sus precios superan las UF 11.500, es decir, un poco más de medio millón de dólares (sic)
Como estamos ante una grotesca simulación que le produce ingentes pérdidas al Estado, ya hemos recurrido ante las autoridades competentes con el objeto de que exijan el cumplimiento de la ley, lo que debiera suceder en el transcurso de los próximos días.
Entregamos todos los antecedentes al Director del Servicio de Impuestos Internos por este intento de defraudación, como también al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Colegio de Arquitectos de Chile, porque consideramos inaceptable que se desee pasar gato por liebre de manera tan brutal.
Los tipos de La Polar engañaron a gente incauta y los de esta inmobiliaria quisieron mentirle al Estado, lo que finalmente no sucederá gracias a la voluntad de la Junta de Vecinos del sector que descubrió a tiempo el timo de esos privados.
En ambos casos el único propósito era ganar más dinero.