Los municipios son actores clave para reducir la pobreza y la desigualdad territorial.
Por ello, generar reflexiones y conocimiento sobre este tema es imperativo para responder a las demandas sociales, a través de programas con pertinencia local y, en especial, en aquellos territorios con altos índices de pobreza y exclusión social.
Según la encuesta CASEN, entre el año 2006 y 2009, el índice de pobreza en Chile aumentó en un 1,4%. Análisis realizados por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, desagregaron esta cifra, mostrando que la evolución de las tasas de pobreza no se comportan de forma homogénea en todo el país. Mientras algunas comunas redujeron el número de personas viviendo en pobreza en los años mencionados, en otras, se registraron aumentos importantes.
Con base en un estudio de 99 municipios, en torno a los cuales es posible realizar análisis estadísticamente confiables, pudimos constatar que 19 comunas aumentaron y otras 11 disminuyeron su pobreza entre 2006 y 2009 (las otras 66 comunas no presentaron diferencias estadísticas). Estos datos son relevantes en el marco del debate cada vez más presente acerca de la desigualdad de ingresos, pues nos alertan que ésta no sólo se expresa en diferencias entre individuos y hogares, sino también entre territorios.
Tomando en cuenta lo anterior, y buscando aportar a la comprensión de las dinámicas socio-económicas que subyacen a la heterogeneidad territorial del país, cabe preguntarse por la eventual incidencia de la gestión municipal en la evolución de las cifras de pobreza, en especial en aquellos casos en que se registran desviaciones considerables respecto de la tendencia nacional de incremento de 1.4 puntos porcentuales de pobreza.
La pregunta de fondo es ¿pueden las municipalidades contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes?
Donde disminuyen las cifras de pobreza se registran mejorías que van entre 3,4 y 12 puntos porcentuales. Las comunas en cuestión son: Ollagüe, Río Hurtado, Putaendo, Santa María, Limache, Marchigüe, Pencahue, Galvarino, La Reina, Providencia y María Pinto.
¿Qué más observamos que ocurre en estas comunas en el mismo período en que bajan sus cifras de pobreza, mientras el país en promedio parece que aumenta?
Primero, que son comunas que atraen población, donde crece el número total de personas que se encuentran ocupadas y donde los hogares pobres registran un incremento de las transferencias de recursos públicos (bonos y subsidios) muy inferior al que ocurre en los otros grupos de comunas.
Segundo, que estos municipios disminuyen su dependencia del Fondo Común Municipal (que redistribuye recursos entre los municipios con desigual capacidad de generación de ingresos), a la vez que se incrementa el monto de recursos destinados a inversión. La mayor capacidad de inversión parece resultar de una mejor gestión interna, más que por la capacidad de atraer recursos externos.
En consecuencia, la disminución de la pobreza en los 11 municipios aludidos parece explicarse fundamentalmente por razones de dinamismo económico. Lo que aparece como un mejor desempeño relativo de esos gobiernos locales puede ser reflejo de un mayor crecimiento económico local, que conduce a mayores fuentes autónomas de ingreso para los municipios. Al mismo tiempo, ello explica la menor dependencia del Fondo Común Municipal y la mayor disponibilidad de recursos para inversión.
Estos resultados, nos invitan a profundizar en las dinámicas socioeconómicas de los 11 municipios en cuestión, lo que constituiría un aporte al análisis sobre el rol o mayor protagonismo de la gestión municipal en la superación de la pobreza.
Las múltiples manifestaciones de la pobreza y la desigualdad nos advierten sobre la complejidad de las soluciones.
Mientras más actores nos sintamos convocados a colaborar con propuestas, más posibilidades tendremos de avanzar progresiva y concertadamente en la dirección correcta.
Los municipios son, sin lugar a dudas, uno de esos actores claves.
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