Como un regalo navideño para los empresarios el 23 de diciembre de 2010 el Presidente Piñera autorizó privatizar las acciones que el Estado posee en las empresas sanitarias: Aguas Andinas, 34,98%; Esval, 29,43%; Essal, 45,46%, y Essbío, 43,44% de propiedad pública.
Aquella vez, la oposición anunció “perseguir las responsabilidades civiles y criminales, crear una comisión investigadora y/o acusarlos constitucionalmente”, hasta ahora, no han hecho nada para evitar esta privatización.
Hoy 15 de junio, Chile privatizará el 95% de las acciones que posee en Aguas Andinas, entregando el recurso más estratégico que puede tener un país: el agua.
Se empezará por Aguas Andinas y luego, se privatizarán las otras tres sanitarias.
El Presidente Piñera, para justificar la privatización, usó como excusa la faltaba dinero para la reconstrucción, pero la CORFO lo desmintió, informando que “los dineros serían para potenciar el patrimonio de algunas empresas del Estado”.
El Mercurio, aquella vez, anunció que las ventas arrojarían 1.600 millones de dólares, y aplaudía que se concluyera la privatización de las sanitarias que “había dejado inconclusa y trabada” el Presidente Frei Ruiz-Tagle, la misma que luego sería redefinida e incrementada, por el Presidente Lagos al derogar la restricción que obligaba al Estado a mantener, al menos, el 35% de la propiedad de las sanitarias por considerar el agua un elemento estratégico… sí hoy se puede privatizar todo, es gracias a esa reforma del Presidente Lagos aprobada en el Parlamento.
La voracidad de los capitalistas persigue los 160 millones de dólares anuales de ganancias que recibe el Estado de las sanitarias por su porcentaje.
A su vez, esto demuestra el mal negocio que es privatizarlas completamente. Si el Estado no vendiera su parte en 10 años, podría recibir lo que pretende recaudar con la privatización. Solo este año, en el primer trimestre, Aguas Andinas ha tenido 78 millones de dólares de ganancias.
Actualmente, los dueños mayoritarios del agua potable de Chile son consorcios extranjeros, seguramente, ellos también se quedarán con el actual sector estatal.
¿Quiénes son esos consorcios?: Aguas Andinas pertenece a Suez -por medio de Aguas Barcelona- en un 50,1%. El mismo consorcio franco-belga, Suez, por medio de Inversiones Iberaguas, controla el 51% de Essal. La canadiense Ontario Teachers, posee el 69,77% de Esval y, el 50,87% de Essbío.
Cuando se privatizó Essal, Esval y Essbío, el Estado recibió US$ 2.100 millones de dólares, y por Aguas Andinas, US$ 1.300 millones de dólares.
Puede parecer mucho dinero, incluso muchos podrán decir que fue un buen precio, pero cuando hablamos de un recurso estratégico, de un producto tan escaso a nivel mundial como el agua, en realidad estamos hablando de un recurso que tiene un valor incalculable.
El obispo Infanti ha dicho: “Un bien como el agua, debería pertenecer a todos los chilenos, no ser vendido a empresas multinacionales”; “el agua es un elemento esencial para la vida, se está mercantilizando la vida misma. Y peor aún, si este comprador es una multinacional: Vendemos así nuestra soberanía”.
Si el agua es un elemento vital para sobrevivir, es evidente que estamos vendiendo nuestra soberanía ¿cómo no ven esto las autoridades?
Por otro lado, todos estos años las empresas han abusado de sus clientes cautivos, o sea, de todos los chilenos, cobrándoles tarifas excesivas.
En efecto, las empresas ni siquiera han respetado la ley. Aguas Andinas ha recibido ganancias tres veces superior a las autorizada por ley, pues cobraron tarifas un 25% más caras que lo establecido.
Por ejemplo: el 2003 la ley estableció 8% de rentabilidad y la empresa cobró 11%.
El 2008, la rentabilidad regulada era 7%, ganancias de la empresa 17%.
El 2009, rentabilidad regulada 6%, la rentabilidad cobrada por la empresa 18% con lo cual, durante años, los chilenos han pagado mensualmente, en promedio, $5.000 de más.
Como se observa, se puede abusar de un país quitándole su soberanía y, también de sus habitantes aplicándoles cobros abusivos.
Lo hemos constatado: es llegar y abusar.
En contraposición a Chile, Uruguay mediante un plebiscito, estableció en su Constitución Política que el derecho al agua de sus ciudadanos, tendrá rango de derecho humano.