Se ha instalado nuevamente la discusión acerca de la restricción vehicular a los autos catalíticos.
De una parte está el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que sostiene que hay que aplicarla, así como postula que hay que incorporar variables biomédicas entre los factores que determinan la declaración de emergencias ambientales. De otro, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, que se oponen a esta medida.
Es cierto que los autos con convertidor catalítico no producen PM 10, el motivo que decidió a las autoridades a dictar la restricción de autos no catalíticos hace ya bastantes años. Pero sí producen PM 2.5.
Es más, son los mayores productores de este material particulado que es especialmente dañino para la salud, con incidencia en el desarrollo de cánceres y de enfermedades cardiovasculares; estas últimas son la primera causa de hospitalización en los adultos mayores.
Y si a ello le sumamos las emergencias hospitalarias que se producen por la avalancha de niños y de adultos mayores que requieren tratamiento de urgencia en estos meses, la situación se torna gravísima.
Santiago está sobre la norma europea de PM 2.5 320 días del año, 300 sobre la norma de PM 10 y 150 sobre la norma de ozono, lo que constituye una situación de fuerte riesgo para los habitantes de la Región Metropolitana, particularmente entre abril y agosto. Riesgo que es evitable si las autoridades toman medidas oportunas y eficientes.
El deber de las autoridades es proteger la salud de la población, no responder ante intereses de sectores con poder de presión. Las comunas más afectadas por el PM 2.5 y por la contaminación ambiental en general están en la zona poniente de la capital, en la zona pobre, para decirlo en breve, y ellos deberían ser prioritarios.
Somos partidarios de aplicar un esquema de tarificación vial que haga menos atractivo el uso intensivo del automóvil. Nos parece una medida más justa que la restricción vehicular que afecta a todos por igual.
Somos partidarios de exigir el cierre, o el uso de combustibles menos contaminantes, de la central Renca, que contamina especialmente las comunas aledañas, todas comunas de ingresos bajos y medios.
Somos partidarios, en fin, de que se enfrente de una buena vez el problema de la contaminación de Santiago y que las autoridades actúen pensando realmente en el bien común, con el foco puesto en quienes más requieren de la acción del Estado.