Ya son dos las ocasiones en que la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, ante los reparos de la oposición sobre el proyecto del postnatal, responde que la Concertación no hizo nada durante los 20 años en que gobernó. Así reaccionó ante la periodista Carolina Urrejola a quien le criticó la “injusticia” de sus preguntas. Lo ha vuelto a hacer ante los parlamentarios de la Concertación en respuesta a sus propuestas de perfeccionamiento del proyecto oficialista. En vez de discutir sobre el mérito de las argumentaciones de la oposición, simplemente le endosa la responsabilidad de no haber hecho nada.
Y comete dos errores, de forma y de fondo.
De forma, porque de lo que se trata es de hacerse cargo del proyecto y responder ante las críticas y contrapropuestas con argumentos: defender el proyecto en aquello que es defendible y tener la apertura para corregir, perfeccionar y cambiar aquello que permite mejorarlo.
De fondo, porque su afirmación sobre la indolencia de la Concertación en la materia no es tal, como veremos a continuación.
El último gobierno de la Concertación con Michelle Bachelet, aunque lo tenía considerado en su plataforma de protección social, no llegó a proponer un proyecto de alargamiento del postnatal porque, en el marco de su sistema de protección a la infancia Chile Crece Contigo, privilegió otras acciones de alto costo financiero que contemplaban, por sobre todo, una ampliación de derechos a madres e hijos en un extendido número de hogares del país.
En el marco del Sistema de Protección Social, se le puso obligatoriedad automática al Subsidio Único Familiar para las madres sin contratos de trabajo del quintil más pobre y se amplió tal derecho automático al 40% de las madres de los hogares de menores ingresos.
Medidas de apoyo durante el embarazo y el parto, así como en la atención del primer año de vida del hijo se comenzaron a implementar para todas las madres y niños atendidos en el sistema público de salud, es decir, para el 80% de las madres y sus hijos.
Asimismo, se amplió la cobertura gratuita de salas cunas y jardines infantiles para los hijos de madres que estudian, trabajan o buscan trabajo de los hogares del 40% de menores ingresos en una primera etapa y, en una segunda etapa, del 60% de los hogares de menores ingresos.
Adicionalmente, el derecho al postnatal vigente se extendió a los padres adoptivos.
En suma, se creó una agenda de protección de la maternidad y de la infancia que fue progresivamente extendiendo derechos a un número creciente de hogares pobres y de sectores medios del país. Una agenda todavía incompleta que había que seguir perfeccionando en los años siguientes y en sucesivos gobiernos.
De haber propuesto la Concertación una iniciativa de apoyo al postnatal -cuestión que ahora es posible dados los avances anteriormente mencionados- tantos o más importantes que su alargamiento, es la universalización del derecho. Ampliar el plazo del postnatal que ahora llega a un reducido grupo de mujeres, especialmente de mayores ingresos, y no priorizar a las madres y a los niños que quedan afuera, violenta el espíritu con que ha sido construido el actual sistema de protección social que este gobierno ha recibido como legado.
Asegurar los derechos de todos requiere universalizar la protección social. Y eso supone partir con quienes carecen de garantías para su ejercicio, no sólo las familias más pobres, sino en especial los segmentos de sectores medios que han estado más expuestos a la desprotección por la prioridad que muchos gobiernos pusieron en reducir las condiciones de pobreza.
De lo que realmente se trata es de llegar a todas las madres que trabajan, cualquiera sea el tipo de trabajo que realizan, habida cuenta que -salvo las mujeres de más altos ingresos y la escasa proporción de mujeres con contratos indefinidos- las restantes están al margen de los derechos de pre y postnatal. Lo que, sin duda, afecta el desarrollo de sus hijos en un círculo vicioso de desigualdad.
Puesto que este gobierno hizo una promesa de campaña de alargamiento a 6 meses del postnatal, ahora debe responder. Pero no puede hacerlo a expensas de un retroceso en las premisas que sustentan el sistema de protección social vigente y que garantiza derechos, en el peor de los casos, para más de la mitad de los hogares del país. Y esto, porque si se analiza el proyecto presentado por el gobierno, resulta que, así como por un lado propone una extensión del período del postnatal, por el otro mutila derechos adquiridos y estrecha el universo de mujeres que pueden gozar del descanso maternal.
A diferencia de lo que ha planteado la ministra Matthei, en vez de avanzar estamos retrocediendo respecto del legado de conquistas de derechos en los años precedentes.