En menos de cinco meses la interpelación a la Ministra Magdalena Matte demostró que fue acertada.
En el mes de diciembre pasado, asumiendo la representación de los parlamentarios de la oposición acudimos al instrumento de Fiscalización que la Cámara de Diputados creó, la Interpelación a los Ministros, formulando nuestro cuestionamiento al proceder del Ministerio de la Vivienda y de su titular.
Señalamos en esa oportunidad, que quedaba de manifiesto que “efectivamente la Ministra no conocía lo que estaba pasando en su Ministerio”, que las cosas no se estaban haciendo bien y concluíamos, “en los próximos meses, a poco andar, quedará en evidencia la verdad de lo que hoy discutimos.” Entregamos nuestros antecedentes a la Contraloría General de la República.
Paralelamente se produjo el caso Kodama, cuyo Informe final de la investigación nos entregó la Contraloría este viernes 13 de mayo.
En dicho informe, entre otras graves afirmaciones se nos señala que “los agentes públicos que intervinieron en la negociación buscaron declaradamente -según consta en actas que se extendieron- eludir la potestad fiscalizadora del ente contralor, a sabiendas de que los criterios exigidos por él impedirían su aprobación”. Por su parte, “autoridades del Minvu -partiendo por la propia Ministra de la época- visaron y aprobaron la operación, sin exigir ningún antecedente ni cumplir la tarea de supervigilancia y control que les competía”.
Y en forma más precisa la Contraloría hace mención de la “responsabilidad por falta de conducción que en ello le cabría a la ex ministra Magdalena Matte”, dejando así de manifiesto que la separación del cargo de la Ministra era insoslayable y de paso dejó al descubierto lo poco acertado del apoyo que le brindó La Moneda y gran parte del Gabinete al momento de anunciar su renuncia.
Las cosas no se estaban haciendo bien en el Ministerio de la Vivienda y la soberbia demostrada por sus autoridades permitió que asesores directos “eludieran la potestad fiscalizadora de la Contraloría” en muchas de sus actuaciones.
Debemos esperar ahora lo que señalará el Fiscal que tiene a cargo la Investigación. Si se prueba la existencia de delitos, la gravedad de las infracciones administrativas y de falta de control aumentará sustancialmente.
Los Parlamentarios por nuestra parte, debemos evaluar muy seriamente si procede una Acusación Constitucional, no como una persecución personal a una Ministra, como sí sucedió en el pasado, sino como la búsqueda de la responsabilidad política de quien no estuvo a la altura de las necesidades de miles de familias que fueron afectadas por el terremoto del 27F y que aún siguen esperando alguna solución. Ellos son los que ahora nos interpelan.