Ya en el año 2006, el columnista del New York Times Thomas Friedman advertía que a partir de la caída del muro de Berlín la verdadera amenaza que uniría a Occidente no sería el terrorismo, sino que la energía y sus desafíos. Ello, ya que nada pone en riesgo en forma más seria nuestro modo y calidad de vida que la combinación de cambio climático del planeta, contaminación, desaparición de diversas especies, y dependencia de combustibles fósiles en manos de regimenes que el denominó entonces “petro-autoritarismos”.
De allí que en su opinión, ninguna solución al problema energético sería viable sin una decidida actuación de los gobiernos para reducir emisiones contaminantes, impulsando la innovación en materias energéticas y dejando atrás la dependencia del petróleo empleando nuevas fuentes de energía renovable.
En el caso –más acotado- de nuestro país, la aprobación en el día de ayer por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de una parte del proyecto de generación y transmisión eléctrica denominado Hidro Aysén, ha servido para dimensionar los alcances de una decisión como ésta en la ciudadanía y como correlato de ello, el impacto político que este tipo de proyectos pueden tener. De hecho, ya con ocasión del llamado proyecto termoeléctrico de Barrancones en la IV Región, era posible vislumbrar aquello, y más grave aún, como la nueva institucionalidad medio ambiental desarrollada al término del gobierno anterior, debutaba con serios defectos.
Si hubiéramos de hacer un paralelo con la inundación de ciertos valles y cuencas de los Ríos Baker y Pascua para efectos de emplazar las nuevas centrales de este proyecto hidroeléctrico, podríamos decir, que en el proceso también se está inundando la institucionalidad medio ambiental.
En efecto, más allá de las necesidades energéticas de Chile para los próximos 50 años, y las matrices que se requieran, no cabe duda que si hay algo que ha repugnado el sentido común de muchos ciudadanos es que una decisión de esta envergadura y características quede radicada primero en autoridades locales/regionales dependientes del gobierno central, y posteriormente en un Consejo de Ministros.
En otras palabras, la ausencia de opiniones independientes del gobierno de turno, convierte las decisiones ambientales en terreno fértil para la crítica política, tiñendo con ello cualquier posibilidad de debate serio e informado.
Ello no deja de ser preocupante si consideramos que este proyecto no es ni remotamente obra del gobierno en ejercicio, y en el pasado recibió explícitos apoyos de autoridades de gobiernos anteriores. Es decir, el sistema de aprobación no refleja la diversidad y pluralismo de las opiniones que pudieran legitimar el proyecto Hidro Aysén, y que de hecho existen.
Sin ir más lejos, en febrero de 2008 el Ministro de Interior de la época Edmundo Perez Yoma (DC) sin ambigüedad alguna señaló que “Debemos impulsar, como dije ayer, con toda la energía posible la construcción de todo el sistema de embalses de Hidro Aysén”.
Lo anterior refleja que no puede escapar a nuestra legislación y por ende a la institucionalidad vigente el carácter transversal del tema ambiental, que demanda la coordinación de múltiples actores, tanto en el ámbito público como en el sector productivo y demás miembros de la sociedad civil. Claramente el modelo vigente no satisface adecuadamente aquello.
Lo anterior en razón que hasta ahora –y esto hay que sincerarlo de una buena vez- el tema ambiental había jugado un rol menor en la agenda pública. Sólo en casos emblemáticos (Ralco, Celco, Pascua Lama, etc.) y presiones externas (por ejemplo el informe de la OCDE de 2005, o algunos acuerdos comerciales, y exigencias de mercados extranjeros), el tema medioambiental había tenido la importancia adecuada.
Por ello, al ampararnos en una institucionalidad “contra la corriente” -pues su legitimidad aparece cuestionada-, la energía y sus desafíos seguirán constituyendo una amenaza para el desarrollo y la convivencia social de nuestro país. Algo claramente ignorado en el pasado.