Cada 22 de marzo desde 1993 se celebra el Día Mundial del Agua. Este año el lema es “Agua y Desarrollo Sostenible” destacando al agua como un elemento esencial para el desarrollo sostenible, el bienestar de la población y la protección del medio ambiente. Pero Chile al sobreexplotar las fuentes de agua y permitir el agotamiento de todas las cuencas del norte y centro del país, está lejos de incorporar este lema a su realidad.
Tras un periodo prolongado de sequía y con gobiernos que no avanzan en políticas públicas para resolver el problema de acceso, protección y derecho humano al agua, conflictos por el agua se repiten a lo largo de todo el país en ríos como el Lluta, Loa, Copiapó, Huasco, Limarí, Choapa, Petorca, Aconcagua, Maipo y Tinguiririca entre otros, donde se reproduce la confrontación entre grandes inversiones (principalmente mineras e hidroeléctricas) y las necesidades de las personas y sus actividades económicas locales. La rebelión de Salamanca y el valle del Choapa a inicios de marzo y la larga epopeya de Caimanes es uno de los casos más dramáticos.
Hoy la sociedad chilena se encuentra convulsionada por conflictos de interés entre el poder económico y el poder político y el agua no ha estado exenta de sufrir los embates de esta peligrosa relación.
En la mayor parte de estos conflictos por el agua, se evidencia tráfico de influencias, discrecionalidad administrativa y variados vicios en la toma de desiciones sobre el acceso y uso de las aguas. Es así como el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner está siendo investigado por operar en favor del proyecto minero Dominga, aprobado en una zona decretada de escases hídrica, mientras los tribunales exigen a Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, devolver el agua al pueblo de Caimanes, entre otros siniestros casos.
La escasez hídrica es multifactorial. Además de la sobreexplotación de las cuencas autorizada por funcionarios del Estado y la intensificación de un modelo productivo extractivista como la minería, Chile es uno de los países que más se ha visto afectado por el Cambio Climático. Desde 2008 sufrimos un proceso largo de sequía que ha mantenido una reducción de 30% a 50% de las precipitaciones dependiendo de la región. La Comision Económica para America Latina (CEPAL) proyecta entre 2040 y 2070 un aumento en la probabilidad de ocurrencia de sequía en el centro norte y el sur de Chile.
Según la Dirección de Meteorología de Chile existe un déficit pluviométrico importante en el país evidenciado en los registros de las estaciones en Arica, Calama, Valparaíso, Santiago, Juan Fernández, Curicó, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas. Adicionalmente el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia -(CR) {+2} – de la Universidad de Chile, estableció que este 2015 podría moverse entre normal o más seco de lo normal en cuanto a hidrología por lo que completaríamos cinco años continuos de escasas lluvias.
Esta falta de precipitaciones, sumada a la degradación de las cuencas por sobre otorgamiento y sobrexplotación, ha gatillado la dictación de 6 Decretos de Zona de Escasez Hídrica: en la región de Valparaíso en las comunas de San Felipe, Panquehue, Llay Llay, Limache, Concón, Putaendo, Santa María, Catemu, Olmué y en las provincias de Los Andes, Quillota y Petorca; en la región de Coquimbo en las comunas de La Higuera, La Serena, Vicuña, Coquimbo, Paihuano, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y la Provincia del Choapa; y en la región de Atacama en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.
Con estos antecedentes de escases hídrica, el ministerio de Hacienda propone agilizar la economía facilitando permisos a 15 proyectos de inversión minera (8 en Antofagasta, 6 en Atacama, 1 en Arica) mientras la Comisión Chilena del Cobre proyecta aumentos de 66% en el consumo de agua de la minería del cobre entre 2014 y 2025.
Insólitamente el Gobierno y el empresariado minero no consideran la sequía estructural del país, los decretos de escasez, los malos pronósticos meteorológicos, el cambio climático y la indigna situación de casi un millón de chilenos entre Arica y Chiloé, que subsisten dependiendo de camiones aljibe, al momento de decidir sobre la política pública y las inversiones, condenando a los chilenos a un desarrollo basado en la sobreexplotación y agotamiento de nuestras aguas.
Al respecto la presidenta Bachelet se comprometió en su campaña y nombró un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, pero su informe lleva 8 meses sin presentarlo a la opinión pública.
Comprometió también una reforma al Código de Aguas e ingresó un texto al Congreso, pero la reforma no está a la atura de los cambios legales e institucionales que se requieren y no tiene financiamiento. También comprometió el 21 de mayo pasado una ley para proteger los glaciares, pero envió al parlamento un texto que sólo protege aquellos que están ubicados en parques nacionales y condena a todos los demás a ser negociados caso a caso en el Sistema de Evaluación ambiental, el mismo que ha permitido la destrucción de glaciares en la cuenca del Huasco, Choapa, Aconcagua, Mapocho y Maipo.
En este contexto, Chile recibió el Día Mundial del Agua con sequía, desertificación, con conflictos por el acceso al agua y la ausencia de voluntad política para abordar los cambios estructurales para asegurar el cuidado de nuestro principal bien común que es el agua y los glaciares y el derecho humano al agua y la seguridad hídrica a todos los chilenos.