El Comité de Ministros del ministerio del Medioambiente aprobó el Proyecto Hidroeléctrico “El Canelo” de la empresa Energía Coyanco y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental de la RegiónMetropolitana aprobar el mismo proyecto que dicha institución había rechazado en julio de 2014, es decir hace 5 meses.
La Resolución de Calificación Ambiental favorable entregada por los Ministros a este proyecto hidroeléctrico contradice todo el procedimiento realizado por la institución del Estado encargada de la evaluación técnica de los proyectos y se justifica exigiendo a la empresa un “programa específico de construcción y mantenimiento del canal de aducción” el cual deberá ser aprobado por el SEA antes del inicio de las obras.
De esta forma el Comité de Ministros se convierte en el fiscal político de la institucionalidad ambiental para priorizar la inversión por sobre el pronunciamiento del servicio público al que compete la evaluación y los permisos, retrocediendo a los tiempos en que las decisiones de inversión dependían de meras decisiones políticas de la autoridad de turno.
La central hidroeléctricael Canelo, tuvo alta exposición pública por causa de la afectación directa al Monasterio de las Carmelitas Descalzas ubicado en la comuna de San José de Maipo y por el fuerte rechazo de la comunidad local y de las religiosas a dicha intervención en sus territorios.
No obstante, no es el primer caso de intervención del Comité de Ministros durante el gobierno de Bachelet para desautorizar la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, y así priorizar inversiones rechazadas ambientalmente por el organismo evaluador, que la misma presidenta Bachelet asistió crear en su anterior gobierno y que inició sus actividades durante el gobierno Piñera.
El 28 de julio el Comité de Ministros revirtió el rechazo de la Comisión de Evaluación ambiental de la Región de Tarapacá al proyecto minero Paguanta ; el 17 de noviembre el Comité ordena a la Dirección General de Aguas aprobar la reducción del tiempo de recuperación del acuífero “Piedra Pómez” para viabilizar la aprobación del proyecto minero Cerro Casale en la región de Atacama y el 22 de diciembre aprueba la hidroeléctrica el Canelo que el servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana había rechazado en el mes de julio.
Lo que se configura en estas decisiones es el hecho de que el Comité de Ministros del ministerio de Medioambiente, constituido por una mayoría de ministros de los sectores productivos,de Minería, de Energía, de Agricultura y de Economía, actúan de organismo revisor del Servicio de Evaluación Ambiental, incorporando condiciones que permiten viabilizar proyectos rechazados o de facto aprueban proyectos rechazados por el organismo de evaluación ambiental.
También el Comité de Ministros visa las nuevas leyes, normas y políticas ambientales constituyéndose de facto en un comité político que controla que las nuevas normas o la aplicación de la legislación ambiental se apliquen en la medida de que no inviabilicen o pongan condiciones molestas a los sectores productivos o proyectos de inversión. Ello configura una institucionalidad ambiental cautelada por los ministerios productivos, lo cual en este caso ha contribuido a deslegitimar el Sistema de Evaluación Ambiental.
Ningún otro ministerio en Chile tiene un Comité de Ministros que controle su accionar con este tipo de atribuciones. Tampoco se justifica su rol de supervisión dado que la nueva institucionalidad ambiental tiene una Superintendencia donde se puede reclamar sobre la aplicación de la Ley, y tribunales ambientales si no existiese conformidad con las resoluciones administrativas.
De no resolverse el cautelaje de los ministerios productivos sobre la autoridad ambiental no será posible instalar verdaderas condiciones de sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional, lo cual es lamentable para la legitimidad empresarial y para la situación del patrimonio ambiental que enfrentarán las futuras generaciones.