En el encendido debate a raíz de la tramitación en el Congreso de una extensión por 20 años del fomento forestal a través de D.L 701, se han hecho una serie de afirmaciones negativas respecto al proyecto. Es difícil hacer un resumen de todas ellas, ya que abarcan conceptos muy variados, la mayoría de las veces subjetivos y en pocas ocasiones referidas a aspectos técnicos. Pero en general, se observa una confusión conceptual sobre el objetivo del instrumento.
Se afirma que el proyecto es malo, con todo lo ambiguo que esa calificación puede tener.Con esta afirmación los detractores del D.L. 701 señalan que el actual proyecto no incluye aspectos que ellos desearían ver incorporados en un nuevo instrumento.Bajo esta óptica el proyecto no es malo, simplemente no es lo que ellos quieren. Hay una diferencia entre ambos conceptos.
Supongamos que un ingeniero crea un nuevo automóvil y lo presenta al público. Una persona pregunta si el vehículo puede volar. “No, no vuela”, sería la respuesta lógica del ingeniero.“Entonces el diseño es malo, porque yo quiero que vuele”, sería la respuesta de la persona que emite el juicio crítico. Aunque parezca una simplificación, a esto nos enfrentamos en el debate forestal. El proyecto es malo, porque no tiene lo que ellos creen indispensable. A pesar que el proyecto no está diseñado para satisfacer las demandas específicas de un grupo de detractores.
¿Cuáles son esas demandas? Básicamente transformar el actual instrumento de fomento productivo, con énfasis en la protección del suelo, en un “nuevo” instrumento de recuperación ecológica de ecosistemas a través de la forestación con especies nativas, focalizado en pequeños propietarios. A este nuevo objetivo, súmele una componente de regulación ambiental y económica de la industria forestal (talas rasas, concentración, mercado).
¿Se puede hacer esto? Transformar por completo un instrumento de fomento y convertirlo en un fondo de recuperación ambiental orientado precisamente a un segmento de la población (pequeños propietarios forestales) que tiene urgencias económicas más que ambientales. Parece muy difícil. Más que difícil, parece equivocado.
Quienes defienden un instrumento de recuperación ecológica omiten señalar que es un imperativo para el país cubrir suelos desnudos. Y que este desafío debe realizarse a través de una cobertura forestal que sea viable, es decir, que sea capaz de sobrevivir y ocupar exitosamente el terreno y que además entregue beneficios económicos a sus propietarios; lo que a su vez depende de la existencia de un mercado formal para la comercialización de sus productos.
Quienes defienden las plantaciones con especies nativas desconocen u omiten esto, y les transfieren la solución de este desafío a los mismos propietarios forestales empobrecidos, que ven en la forestación con especies de rápido crecimiento una forma de mejorar su calidad de vida, no así con la forestación de especies nativas.
Finalmente, para afirmar tajantemente que un proyecto de ley es malo, es necesario apelar a los conceptos de eficacia y eficiencia. Es malo cuando, identificada una necesidad que requiere una ley, diseñamos un proyecto que no resuelve dicha necesidad. Es decir, el proyecto no es eficaz. No resuelve el problema.
Señalamos, a su vez, que el proyecto es eficiente cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. En este punto, podemos debatir qué tan eficiente ha sido el D.L. 701 para los objetivos planteados en su primera extensión (1998).
Sin embargo, seguir insistiendo en la ausencia de focalización en los primeros veinte años del instrumento no lleva a nada. Debemos concentrarnos en las fortalezas y debilidades de este nuevo instrumento y, a partir de ahí, discutir su eficacia.
Debatir a partir del contexto histórico de hace cuarenta años no es la mejor manera de proyectar las políticas públicas en el sector forestal en el futuro.