Desde hace un año y medio se está hablando, mayoritariamente con opiniones críticas, de este equipamiento comercial erróneamente emplazado en el centro patrimonial de la ciudad de Castro y hasta la Unesco, organización internacional dependiente de la ONU, ha emitido negativos juicios sobre su estilo y volumen ya que no respeta la escala del sector en donde se están ejecutando sus obras.
Por la carga de ocupación de este mall, acorde a las claras disposiciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), su acceso debería enfrentar una vía idónea para el respectivo tránsito vehicular, lo que no acontece ya que las vialidades circundantes son solamente locales y de servicio, insuficientes para absorber la circulación de los medios de transporte.
Es un hecho cierto que ahora en Chile los consumidores demandan nuevos y modernos centros de ventas de bienes y servicios y el emergente mercado del retail indicaba que en esa ciudad debía existir un mall, pero las autoridades municipales y el propio inversionista, ambos sacando cuentas alegres por los futuros réditos de la operación mercantil, se equivocaron rotundamente al decidir sin consular a los expertos el lugar exacto de su emplazamiento.
La negligencia se vio coronada con el hecho insólito de que su arquitecto proyectista es un profesional extranjero que, por lo tanto, desconoce la normas urbanísticas vigentes en nuestro país.
El mall es invasivo es exceso y por ello los miembros de la Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile, la agrupación Ciudadanos por Castro y otros tantos que saben de estas cosas han objetado el procedimiento administrativo implementado por el municipio y la práctica de su titular que avanza en la edificación haciendo caso omiso de las extemporáneas y numerosas órdenes de paralización de faenas cursadas por la Dirección de Obras Municipales de Castro.
Como el municipio ha demostrado debilidad para exigir el cumplimiento de la ley, fue necesario que la Fundación Defendamos la Ciudad y el Colegio de Arquitectos de Chile, recurrieran a la Contraloría General de la República (CGR) denunciando un cúmulo de irregularidades y malas prácticas detectadas en los procesos que concluyeron con los permisos truchos.
El órgano fiscalizador en un principio emitió el dictamen Nº 61211 del 3 de octubre de 2012 ratificando las acusaciones, resolución vinculante para el municipio conforme a lo preceptuado en la Ley Nº 10.336. Este informe de superior jerarquía mereció por parte de esa municipalidad una solicitud de reconsideración, la que no produjo efecto alguno ya que la CGR, en su nuevo dictamen Nº 32662 del 28 de mayo de 2013 confirmó todas las irregularidades reveladas.
Los artículos 148º y 157º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), respectivamente, le entregan plenas atribuciones a los Alcaldes de las 345 municipalidades que hay en el país y a los 15 Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda y Urbanismo, para que adopten las medidas conducentes en orden a que los actores inmobiliarios que ejercen sus actividades productivas respeten la ley, su reglamento y los diferentes contenidos de los planes reguladores comunales.
Dichos artículos dicen que tales autoridades, en función del apego al derecho, pueden recurrir a la fuerza pública para que las construcciones ilegales se paralicen y hasta se demuelan, ello con el propósito de evitar la práctica muy chilena de los hechos consumados. Por motivos incomprensibles para nosotros, ni el alcalde de Castro ni el Seremi sectorial de la Décima Región ejercieron sus roles (sic).
La esforzada comunidad de Castro merece tener un mall porque la modernidad debe ser democrática y en tal sentido debe llegar a todos lados.
Somos muchos, diría la amplia mayoría de los 17 millones de habitantes de nuestro país, que estamos de acuerdo con esta necesidad, pero este equipamiento comercial obligatoriamente debe ceñirse a la ley porque en sentido contrario nuestra institucionalidad estaría entregando perversas señales al mercado.
Numerosos actores inmobiliarios cumplen rigurosamente las disposiciones urbanísticas que nos hemos dado y no puede ser posible que algunos empresarios procedan con probidad y otros más avispados intenten hacer lo que desean para mejorar las rentabilidades de sus inversiones.
Por ello es indispensable que Rodrigo Pérez Mackenna, ministro del ramo, quien conoce muy bien este luctuoso episodio, emita tan pronto sea posible una declaración pública al respecto ya que hasta el momento está ausente.
Y no solamente él, ya que este caso que se ha transformado en emblemático, nos debe hacer meditar a todos en orden al país que queremos.
En este sentido, la totalidad de los candidatos presidenciales que competirán en la justa electoral de noviembre deberían pronunciarse si apoyan la práctica del far west para generar crecimiento económico a todo evento o bien si exigen con convicción que ese mall finalmente se ciña en todas sus partes a los dos claros dictámenes de la CGR.
Independientemente de lo anterior y como las autoridades administrativas locales y del ejecutivo han brillado por su abandono, dos íntegras Juntas de Vecinos de Castro recientemente se han visto en la necesidad de interponer sendas acciones judiciales en contra de aquellos que incumplieron sus atribuciones entregadas por la ley.
Hay un recurso de protección y una acción de nulidad de derecho público, ambas en trámite, de tal forma que por la falta de servicio de las autoridades administrativas el caso se ha judicializado con los ingentes gastos en pago de honorarios a los abogados litigantes.