El martes pasado pudo ser un día histórico para la protección del jurel en aguas internacionales, pero algunos senadores no quisieron.
El trámite de ratificación de la largamente anhelada Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP), institucionalidad que es la única herramienta para permitir su manejo sustentable y eventual recuperación en alta mar, sufrió un nuevo retraso debido a que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado dilató con una nueva reunión el traspaso de la votación a la sala del Senado.
Resulta preocupante la actitud del senador Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la Comisión, quién se esmeró sin razones suficientes en postergar para una nueva oportunidad el trámite de ratificación de la Convención.
En la sesión del martes, la Comisión debía revisar las posiciones de los diversos actores, entre ellos el principal responsable de la crisis del jurel: la industria pesquera. Este sector, durante las últimas semanas, ha orquestado una campaña y un lobby brutal para desacreditar una convención que ellos mismos impulsaron al principio, y que ahora, a través de la creación de cortinas de humo, tratan de retrasar todo lo que sea posible.
Al respecto, hay que decir que la ORP presenta grandes beneficios para Chile, puesto que le permiten conservar sus participaciones históricas de captura, pero esta vez con una capacidad de ordenar internacional y sustentablemente la explotación de los recursos.
De hecho, de los diez criterios para la asignación, ocho benefician directamente los intereses y necesidades de Chile, y especialmente de su industria.
Dicho esto, la importancia central de ratificar el convenio radica en que el jurel se encuentra al borde del colapso y podría recuperarse sólo si se regula a todos los actores, fijando capturas por los próximos 10 años en concordancia con los criterios científicos.
En este punto no hay que crear falsas disyuntivas: lo que garantiza la viabilidad del negocio no es la explotación a ciegas, porque de la entrada en vigencia de la Convención dependen el jurel, los empleos asociados, el desarrollo de este sector del país y los ecosistemas marinos.
Actualmente los barcos pesqueros no están cumpliendo las medidas voluntarias, por lo que siguen depredando el jurel en aguas internacionales. Esto cambiaría si el Senado ratifica la ORP, puesto que en menos de tres meses la convención entraría en vigor, debido a que de los requisitos para que se concrete sólo falta que un miembro de este lado del Pacífico firme.
Entonces nos preguntamos, ¿qué se gana con seguir retrasando una Convención que mejorará la regulación de una especie que ya dejó de ser la más importante de Chile, debido a su sobre-explotación? Este retraso sólo sirve -ahora y no en el futuro- a los que seguirán incumpliendo las medidas voluntarias.
Ya no hay más tiempo que perder, Chile puede -y debe- ratificar la ORP, porque cada segundo que pasa es un segundo en que avanza el colapso para la especie, y con ello, para los empleos y este importante sector de la economía del país.