Al inaugurar la hidroeléctrica Chacayes, el presidente Piñera dio a conocer su propuesta “Energía para el futuro”. Sus anuncios en la materia, además de tardíos, pues las propuestas de la CADE y las de la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria (CCTP) las tenía hace 4 meses, compromete pocas acciones atingentes al corto período que queda de su gobierno.
Aunque destacan tres elementos positivos –retoma la eficiencia energética, anuncia licitaciones abiertas para ERNC y centros de operación independiente para los sistemas eléctricos hoy privados – su propuesta insiste en apoyar las mega centrales en Aysén; anuncia mecanismos fast-track para concesiones de transmisión eléctrica, lo cual no constituyen absoluto una “carretera publica”, y aclara que “sólo analizará” la posibilidad de instaurar eco-impuestos a las termoeléctricas.
A pesar de que reconoce una expansión moderada de la demanda energética al año 2020, (100 mil giga Watts), lo que contradice las proyecciones empresariales de que Chile deberá duplicar su consumo en ese periodo, el gobierno propone seis líneas de política energética a medio camino entre el continuismo y la timidez.
En la primera, retoma el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020 desarrollado por el gobierno anterior, mediante estándares mínimos de eficiencia energética, etiquetado, programas de iluminación pública y residencial.
Además promete restablecer la comisión interministerial para la eficiencia, pero no establece estándares obligatorios para grandes consumidores industriales y mineros, solo un sello voluntario.
Para el “despegue” de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), anuncia licitaciones abiertas; una plataforma geo-referenciada sobre terrenos disponibles y una institucionalidad pública que ya existe (el Centro de Energías Renovables). Pero en lo concreto, el Presidente no menciona un apoyo a la Ley 20/20 unánimemente aprobada por el Senado y hoy en trámite en la Cámara de Diputados.
Tampoco compromete fondos para los programas de Eficiencia y de ERNC, los cuales ya fueron recortados por su gobierno en el presupuesto 2012.
En cuanto al rol de las energías tradicionales (línea 3), el Presidente da un insólito espaldarazo a las mega-represas de la Patagonia, con “mitigación” (¿de qué tipo?) y líneas submarinas y subterráneas “donde económicamente sea posible”. Con ello, da una bofetada a las demandas ciudadanas de la Región de Aysén, que explícitamente pide plebiscitos vinculantes respecto de los megaproyectos que pretenden instalarse en la zona.
Sobre los combustibles fósiles, llama a contener las emisiones y mitigar el precio de la dependencia energética, pero solo propone “uso más eficiente y sustentable del carbón” (¡como si ello fuera posible!); definir áreas de exclusión y sólo analizar la incorporación de instrumentos tributarios – los eco impuestos – para internalizar los efectos de la contaminación que generan.
Insiste en la “carretera eléctrica pública” (Línea 4) y anuncia un rol clave del Estado en planificación, dimensión y definición territorial de las redes de transmisión. Pero las medidas que propone se orientan a facilitar las concesiones eléctricas y establecer franjas fiscales, lo cual privilegia a las empresas eléctricas (ya que la figura equivale a que el Estado compre para la empresa el terreno) por sobre los derechos de agricultores, emprendimientos urbanos, turísticos, áreas protegidas y territorios indígenas.
Finalmente, en el ámbito del mercado eléctrico (Línea 6) un anuncio destacable es la creación de Centros de Operación Independiente, para reemplazar los actuales Centros de Despacho (CDEC) gestionados por las mismas empresas generadoras, y la creación de la figura de un comercializador independiente, lo que puede contribuir a dar transparencia al oscuro mercado eléctrico.
No obstante, junto a ello propone reducir de 500kw a 100kw la categoría de clientes regulados, lo que expone a las Pymes a tener que negociar tarifas con las tres empresas del oligopolio eléctrico.
En síntesis, la propuesta energética del Presidente Piñera mantiene el actual modelo de desarrollo eléctrico, con la intención de corregir algunos de sus defectos, pero en el largo plazo y con sendos proyectos de ley mediante.
En el corto plazo, en cambio, da un explícito apoyo a la hidroelectricidad como fuente prioritaria, y especialmente al represamiento de los ríos de la Patagonia, con lo cual retrotrae al país a la matriz de los años ‘80 y a los conflictos de gobernabilidad que Chile enfrenta hoy, y que son los mismos que lo forzaron en 2011 a constituir comisiones que integrasen la voz de la ciudadanía y el Parlamento para reformar el desarrollo eléctrico.