Cada vez hay antecedentes más rotundos y diversos que apuntan a la existencia de grados importantes de responsabilidad del actual Gobierno por la falta de elementos de prevención y el tardío combate al fuego, que permitieron la rápida extensión del siniestro en las Torres del Paine.
Si bien nadie pudo prever esta tragedia ni las condiciones climáticas que facilitaron la propagación de las llamas, omisiones de las autoridades contribuyeron a que no se contara con las medidas y personal suficiente para enfrentar la emergencia.
Primero, especialmente graves son las informaciones que revelaron que en la sesión del Consejo Consultivo de la reserva, en la que participan diversas entidades representativas de la administración, autoridades y usuarios, se habrían hecho presente, en noviembre pasado, las deficiencias en la materia.
Las autoridades regionales y de la CONAF presentes supieron en esa reunión que se contaba con sólo 16 guarda parques transitorios, lo que contrastaba con los 33 guarda parques temporales que se tuvieron en esa misma fecha en el año 2010 y con los 64 que hubo durante la administración anterior. Nada se hizo.
Segundo, el ex Director Nacional de Sernatur, Christian Kirk, ha acusado que el Gobierno actual dejó de ejecutar un proyecto que contaba con recursos de Banco Interamericano de Desarrollo, BID para potenciar la infraestructura turística del Parque Torres del Paine y de otras reservas ubicadas en la zona austral.
Ello habría permitido, entre otras cosas, contar con casetas de vigilancia, reforzar la seguridad en los senderos y disponer de información adecuada.
Tercero, hay cada vez más versiones de testigos presenciales del inicio del fuego que afirman que hubo tardanza en combatir las llamas.
El Ministro Hinzpeter sostiene que se dio la alarma oportunamente. Parece un juego de palabras. Hay bastante diferencia entre alertar de un hecho y enfrentarlo con eficacia, contando con el personal y equipamiento necesario. Eso sólo se materializó varias horas después.
Causas y responsabilidades deberán investigarse adecuadamente por las instancias que correspondan.
Sin embargo, junto con buscar responsabilidades, es obligación de todos aportar con ideas que puedan contribuir a prevenir este tipo de situaciones y reforzar las medidas de combate a emergencias de este tipo.
En ese sentido, además de insistir en el proyecto que presenté el año 2006, tras el incendio anterior, para incrementar las penas a los autores de incendios en parques y reservas nacionales ingresaré a trámite legislativo otra moción que pretende destinar un dólar de la actual tasa de embarque para vuelos internacionales a la preservación de las áreas silvestres protegidas del Estado.
Esta medida significaría contar con unos 5 millones de dólares anuales adicionales para el combate de siniestros, vale decir un 25% adicional al actual presupuesto.
No pretendo que sea una solución perfecta, pero sí que sirva para abrir una discusión acerca de la necesidad de destinar los recursos que nos permitan cuidar este patrimonio y velar por que se preserve para las futuras generaciones.