Pocas veces se había visto un desempeño ambiental tan desastroso, plagado de irregularidades, retrasos e inconsistencias entre el discurso y la acción como este 2011.
Lo demuestra la aprobación de más de una decena de centrales termoeléctricas, principalmente a carbón, como son los proyectos Castilla (que en realidad son 8 mini centrales), Pacífico, Patache, Laraquete y la Mina Invierno, que es un mega-emprendimiento de 5 minas en Isla Riesco, en la Región de Magallanes.
Todos ellos, además de ser altamente contaminantes, impactan gravemente la salud de la población, el medioambiente y además agravan la actual fase de “carbonización” de la matriz energética del país.
Aprobación ambiental que también fue irregular cuando se autorizó en mayo las cinco centrales que Endesa y Colbún quieren construir en la Patagonia, las que además de destruir los valles de los ríos Baker y Pascua condenarán a la región de Aysén a perder un gran patrimonio turístico y que significan, además, agravar la concentración en el mercado de la generación en Chile y condenar a siete regiones del país a sufrir dos mil kilómetros de impactos en obras de generación y torres de trasmisión para llevar energía a las empresas mineras que se encuentran entre Rancagua y Antofagasta.
Y está el empeoramiento de la contaminación ambiental por causa de las fundiciones y las termoeléctricas, destacando la inaceptable situación de Puchuncaví y los graves episodios que obligaron al Gobierno a anunciar el traslado del colegio La Greda.
A lo que se suma la insostenible situación de contaminación en Tocopilla, Huasco y Coronel, que concentran generación térmica y constituyen áreas de sacrificio para el ambiente y la salud de la población.
En el tema hídrico las señales negativas también abundaron. Todo empezó en la Navidad de 2010 cuando se aprobó la venta de la propiedad del Estado en las sanitarias Aguas Andinas, Essbio y Esval, lo que significó a lo largo del año enajenar bienes nacionales de uso público de todos los chilenos, desoyendo nuevamente a la ciudadanía y a los sindicatos de las sanitarias que se oponían a dicha acción.
Preocupa sobremanera la inconsistente gestión del gobierno ante la situación crítica de los recursos hídricos, donde por un lado declara diversas localidades como zonas de escasez hídrica y aumenta la fiscalización de robos de agua, mientras que por otra deroga el decreto de reserva de agua para el abastecimiento humano en los pozos de la Concordia, en Arica, entregándolos a la agroindustria en zonas de restricción.
También fue irregular la concesión de permisos de obras hidráulicas a GENER para la construcción de su proyecto Alto Maipo, que pretende entubar las aguas de los ríos Volcán, Yeso, Colorado y Maipo para generar electricidad, vulnerando los derechos de agua de los agricultores del valle del Maipo, destruyendo la base del desarrollo turístico del Cajón del Maipo y poniendo en riesgo la principal fuente de suministro de agua potable de Santiago.
Así como la destrucción de glaciares que confirmó la intervención de la Minera Anglo-American en el glaciar La Paloma, en la Cordillera de Santiago. Hecho que además de su ilegalidad amenaza la provisión de agua de riego y de Santiago, sin que se conozcan sanciones del gobierno ante este hecho.
Adicionalmente, a finales de año, la División Andina de Codelco presentó un plan de ampliación de su mina Sur-Sur en el valle del Aconcagua, que implica la destrucción de más de 100 hectáreas de glaciares de roca, lo cual constituye un atentado a las reservas hídricas de esa cuenca, con la consiguiente afección a la agricultura del valle del Aconcagua y la región de Valparaíso.
Asimismo, cabe destacar negativamente la extrema lentitud en la tarea legislativa de relevancia ambiental: hay un grave retraso en la gestión de la Ley que crea los Tribunales Ambientales que completa dos años de tramitación, lo cual impide que entre en funciones la Superintendencia de Medioambiente.
Ello mantiene una situación de déficit de fiscalización de la regulación ambiental y el desamparo de la ciudadanía frente al daño ambiental que puedan ocasionar proyectos que hayan sido aprobados mediante estudios de impacto ambiental.
Es grave también el retraso de la tramitación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, debido al deficiente e inconsulto proyecto de Ley presentado por el gobierno, lo cual generó una negativa de los senadores a iniciar su tramitación mientras no se subsane las deficiencias y propuestas inaceptables de esta ley, tales como los mecanismos privatizadores de las Áreas Protegidas.
Hay un peligroso e inentendible atraso de la ley para aumentar a 20% la cuota obligatoria de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica: el proyecto aprobado unánimemente por el Senado fue primero retrasado y luego bloqueada su aprobación en la sala por parte del gobierno.
Y el proyecto de ley para establecer las tarifas a la generación residencial (conocida como net-metering) aunque había sido aprobado en el Senado y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, repentinamente no contó con la urgencia esperada ni por parte del gobierno ni por parte de Patricio Melero, presidente de la Cámara de Diputados, para terminar su trámite en el Parlamento.
Lo positivo en 2011 provino de la mayor conciencia ambiental ciudadana, que salió a las calles para protestar por el abuso y las mentiras. La crisis en la educación y las movilizaciones que esto generó devolvieron el impulso ciudadano por protestar abiertamente contra las decisiones que el Estado está tomando, tanto por acción como por omisión, no haciéndose cargo del rechazo mayoritario a proyectos funestos.
El despertar ciudadano que se produjo con las manifestaciones contra las mega-centrales de Castilla, Mina Invierno en Isla Riesco, HidroAysén en la Patagonia y el continuismo de la política eléctrica.
Este despertar se expresó también con la conformación de la Comisión Ciudadano Técnico Parlamentaria, con 40 organizaciones ciudadanas, académicas, gremiales y parlamentarios de distintas bancadas, que elaboraron una serie de propuestas consensuadas en el libro denominado “Chile Necesita Una Gran Reforma Energética”, para la seguridad y sustentabilidad del desarrollo eléctrico, la que se entregó al Congreso, y al Presidente Piñera en el mes de noviembre.
Y casi a fin de año llega el reconocimiento del Gobierno (en boca del ministro de Energía Rodrigo Álvarez) de que existe “una fragilidad enorme” en el sistema eléctrico del país.
Ello obligará a un racionamiento eléctrico en las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá durante todo el verano, debido a fallas en las centrales y problemas en las líneas de transmisión del SING. A ello se suma la vulnerabilidad del Sistema Interconectado Central (SIC), luego de los apagones de septiembre pasado, evidenciando los problemas de mantenimiento, planificación y fiscalización del actual modelo de desarrollo eléctrico.
Finalmente, es imposible no mirar fuera de Chile y subrayar el fracaso mundial, una vez más, de las negociaciones por las emisiones contaminantes de los países desarrollados en el Marco de la Convención de Cambio Climático, desarrollada en Durban, Sudáfrica.
Este hecho, luego de las frustradas reuniones de Copenhague y Cancún, pone en crisis los acuerdos para enfrentar el calentamiento global y arriesga al planeta a sufrir la mayor catástrofe social y ambiental si el aumento de temperatura supera los 2º C.
Cuando se observan estas situaciones, parece que no quedara más que irse a la casa para temblar de terror e impotencia. Pero creo que existe una alternativa y esa es no dejar de luchar jamás. Y es lo que los ambientalistas seguiremos haciendo.