Ya se ha dicho casi todo sobre el conflicto derivado de la reducción de la superficie de este Santuario de la Naturaleza, decretada en marzo de 1994, con lo cual se benefició económicamente a la empresa Reconsa.
El campo dunar de Concón tiene una superficie aproximada de 150 hectáreas y 50 de ellas fueron protegidas en agosto de 1993 por el Consejo de Monumentos Nacionales, las que se redujeron a 12 en la fecha mencionada en el primer párrafo.
En la actualidad, por un acuerdo público-privado llevado a cabo hace 6 años, la calidad de Santuario de la Naturaleza alcanza a las 19 hectáreas.
La bien organizada comunidad del sector, apoyada por los parlamentarios de la región de Valparaíso, exige que se recupere la zona de las 50 hectáreas originalmente declarada como Santuario y para ello, con el propósito de evitar nuevos contratiempos, es indispensable la expropiación por parte del Estado de esas 31 hectáreas “liberadas” al mercado.
El peligro latente es la futura construcción de innumerables torres habitacionales, asunto que la ministra de Medio Ambiente comparte.
Pues bien, hay que tener presente que en nuestro sistema económico de mercado el valor de la tierra se determina por sus aptitudes y por las normas de uso de suelo, como también por las reglas que entregan los instrumentos de planificación urbana para los distintos sectores de las comunas: mientras más permisivas sean las normativas más alto es el precio del suelo y en este momento las 31 hectáreas de dunas que recobrarían su protección patrimonial tienen normas para edificar en altura, es decir, el precio del m2 es sumamente oneroso.
Luego, expropiar ahora para retrotraer la situación a la fecha anterior de la publicación del decreto supremo que redujo el Santuario es inviable económicamente, porque significaría sacar de la caja fiscal varios millones de dólares, algunos hablan de 100 millones de esa verde moneda. Sería sumamente absurdo entregarle a Reconsa esa cantidad de dinero.
Tan pronto se materialice el restablecimiento del Santuario de la Naturaleza a la superficie de 50 hectáreas, se podrán expropiar por utilidad pública las 31 hectáreas de dunas y acto seguido pagarlas a su dueño, de acuerdo al avalúo que determine el Servicio de Impuestos Internos, el que, como se comprenderá, será sustancialmente más reducido que el vigente valor comercial de ellas.
Asociado a lo anterior y para evitar los ingresos de solicitudes de permisos de anteproyectos en esas 31 hectáreas que hoy por hoy tienen permisivas normas de edificación, el municipio de Concón a la brevedad debiera aplicar el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para que, con el informe favorable del Seremi de Vivienda de la V Región, se congele ipso facto la tramitación de permisos en la Dirección de Obras.
Ello, por cuanto, si Reconsa logra la aprobación de esos anteproyectos, automáticamente obtiene derechos que la jurisprudencia los considera como adquiridos.
Y ya que tanto se habla de transparencia, a todos nos gustaría saber quién tenía el dominio de esas dunas, después que la Sucesión Borgoño se desprendió de ellas hace muchos años atrás.
Algunos dicen que en el año 1980, Reconsa las habría adquirido de la Empart (ex Caja de Previsión de los Empleados Particulares), teniéndose presente que esa institución, con otras, dieron origen en aquella época al INP (Instituto de Normalización Previsional) hoy denominado IPS (Instituto de Previsión Social).
Con fecha 7 de marzo de 2005, el Director Nacional del INP nos decía que Reconsa mantenía hipotecas sobre el territorio que nos preocupa, ya que las deudas y obligaciones por las cuales se establecieron dichos gravámenes se encontraban vigentes en esa fecha.
Ante esa aseveración ¿será posible que las nuevas autoridades del IPS aclaren qué sucedió con esas deudas y si ellas se relacionaban con la venta de las dunas o si estaban ligadas a otras cosas?
Dado que este tema ya ha generado una conmoción pública, estamos seguros que el titular del IPS dilucidará completamente la situación para que el gobierno sepa a qué atenerse.