Los brazaletes electrónicos están pasando la prueba de rigor, a un mes de su funcionamiento, completamente implementado y operativo en todas las regiones, sin errores ni fallas. Una buena noticia pues se trata, sin duda, de ir avanzando en la modernización de materias propias de seguridad ciudadana.
Fue la Ley N° 20.603 la que modificó las sanciones alternativas a las penas privativas de libertad, incluyendo este elemento de modernidad al sistema penitenciario. Esto constituye no sólo una política pública de Estado, aprobada por el legislador con financiamiento asignado, sino también una oportunidad para innovar y avanzar en este ámbito.
El sistema detecta inmediatamente los casos de condenados que infringen las condiciones de las tobilleras. Al respecto, un 10% de estos ha incumplido, lo cual se ha informado inmediatamente al tribunal. Como legisladores, podemos estar satisfechos, pero atentos a su desarrollo, porque una innovación como la señalada significa un cambio cultural y un desafío institucional, implementándose gradualmente, con monitoreo permanente, revisión de protocolos y ajustes necesarios para su extensión y profundización.
Hoy se aplica en los casos de reclusión parcial, pero ello podría ampliarse. Las evaluaciones que realice Gendarmería nos podrían dar luces de los tiempos de espera de condenados que solicitan el sistema, evaluar su uso para otras áreas que necesiten mejorar los controles de decisiones judiciales, y así liberar a carabineros de estas responsabilidades como la Libertad Vigilada Intensiva, medidas cautelares, Violencia Intrafamiliar o Violencia en los estadios, por mencionar algunas áreas de desarrollo.
Por eso, esperamos que estos primeros meses de operación, la experiencia nos permita evaluar la coordinación, gestión y control de la operación y así proyectar avances en el uso de la tecnología en la agenda de seguridad. Debe entenderse que este cambio cultural exige una implementación gradual e incremental.
Un sistema como el descrito conlleva múltiples beneficios, al fomentar sanciones alternativas a la privación de libertad, liberar espacio en las cárceles, reduciendo la cantidad de personas encarceladas y disminuyendo el hacinamiento carcelario, con una medida más económica que el encarcelamiento.
Por otra parte, los indicadores de reincidencia muestran que los casos de condenados que cumplen sus sanciones en el medio libre tienen mayor probabilidad de éxito en su resocialización.
Existen mayores oportunidades de desarrollar acciones de resocialización mediante sus propias redes sociales y se evita el contagio criminógeno o el denominado aprendizaje de la cárcel. Y, adicionalmente, con este sistema mejoramos los controles de decisiones judiciales.
Actualmente, el sistema se aplica a 67 condenados a reclusión nocturna en el país. El proceso no ha sido fácil, especialmente en la adjudicación, ajuste y configuración de la empresa proveedora a los requerimientos de Gendarmería de Chile. Pero tampoco lo será en el futuro, porque su uso supone enormes desafíos para las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.
Normalmente, los proveedores de tecnología entregan sus servicios a la institución requirente.Sin embargo, en este caso, por las características de la aplicación de una sanción judicial, su instalación y operación exige de capacidad de coordinación, gestión e intercomunicación en línea con los distintos actores involucrados.
Así, se requiere contar con procesos enlazados y comunicación en sintonía entre los Tribunales de Justicia, el Fiscal o el Defensor, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, junto con la empresa proveedora del sistema. Toda esta interacción en a lo menos los procesos de análisis sobre factibilidad técnica, instalación del dispositivo, y el control de la medida. Es un gran desafío. Capacitación, comunicación e interconexión y adecuados protocolos de actuación son elementos esenciales para su éxito.
En suma, una tarea de todos, y con evidentes logros hasta el momento.