El Gobierno ha respaldado la creación de un observatorio judicial propuesto por la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, que busca monitorear los fallos de los jueces en materia de seguridad ciudadana.
La medida es representativa, por una parte, de la intervención electoral del Ejecutivo en la actual campaña y, por otro lado, demuestra que la actual administración ha fracasado rotundamente en seguridad pública.
En el primer sentido, hay un claro y desesperado intento de apoyar a Evelyn Matthei frente al escaso respaldo que le otorgan las encuestas. Se eligió un problema que preocupa a los chilenos y se quiso buscar una solución populista que diferenciara a la ex ministra del Trabajo, de la oposición.
En lo de fondo, es un gran absurdo por muchas razones. El observatorio sería como un gran vigilante de la actitud de los jueces con el objeto de presionarlos a evitar la libertad de algunos detenidos. Es poner la carreta delante de los bueyes.
La forma adecuada de abordar la delincuencia es enfrentarla de raíz, por sus causas, para buscar que los hechos ilícitos no se produzcan, sea porque se superan las condiciones sociales que llevan a algunas personas a cometerlos o porque la acción policial es eficaz en prevenirlos.
Acá estamos llegando una vez que ya se cometió el delito, para tratar de condicionar la actitud del juez.
El observatorio judicial demuestra con claridad que el Gobierno de Sebastián Piñera fracasó en seguridad pública y no fue capaz de cumplir su promesa de poner fin a la puerta giratoria y terminar la fiesta, como se dijo en campaña.
Digamos las cosas como son. Las cifras de seguridad pública del actual Gobierno son malas. Las estadísticas en victimización, vale decir los hogares afectados por delitos son similares al 2010. Las denuncias, en tanto, aumentan. La sensación de inseguridad se mantiene o se incrementa.
La razón es la falta de una política anticriminal sólida, elaborada por expertos y con base técnica y la incapacidad de abordar una materia tan relevante con una visión de país, buscando acuerdos con todos los sectores. Por el contrario, se actúa con improvisación, falta de rigor y llevando la seguridad pública a la arena política.
Es un camino equivocado. Llegó el momento de volver a una política seria en la materia, que apunte a las causas y que, contando con un consenso técnico sea consistente en el tiempo, en lugar de ir variando una y otra vez por efecto de la contingencia política.
El programa de Michelle Bachelet en esa materia es muy claro. Se busca apuntar a las causas por la vía de enfrentar los factores de riesgo social que llevan a la delincuencia, interviniendo en sectores vulnerables.
Se propone incrementar las políticas de reinserción y rehabilitación y, al mismo tiempo, favorecer la prevención con 6.000 nuevos carabineros y 1.200 nuevos policías.
Asimismo, se propicia una mayor coordinación entre policías, fiscales y jueces, para evitar errores y vacilaciones y lograr más eficacia tanto en la prevención, como en la investigación y castigo de los delincuentes. Se favorecerá, además, la acción de la comunidad, apoyando la organización comunitaria en la prevención y también el rol clave de los municipios.
Es hora de abordar el tema seriamente y dejar de lado voladores de luces y frases para la galería que han fracasado rotundamente.