La opinión pública se ha informado que el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con ejecutivos de farmacias y laboratorios para suspender su cuestionamiento penal, a la espera de un buen comportamiento por el lapso de un año y un aporte en dinero a obras benéficas y cursos de moral en una universidad acreditada hace más de cuatro años. Un juez de la República lo ha aprobado. Una Corte de Apelaciones debería pronunciarse.
Frente a este hecho se ha alzado un solo querellante.Los demás han guardado silencio hasta ahora, como el senador Escalona o han concurrido al acuerdo con su beneplácito como el Senador Girardi.Los otros querellantes se han desinteresado al parecer.
Ningún miembro del gobierno ni el Presidente, normalmente locuaz, ni sus ministros, también altamente opinantes, han dicho ni media palabra sobre esta situación, a pesar de que tantas veces han reclamado del Poder Judicial cuando se refiere a delitos de robo u otros relacionados a materias de seguridad pública.
Queda así patente una línea divisoria que muestra la grave distorsión, que aún se mantiene y que viene de épocas muy pretéritas, entre delitos muy evidentes y otros que requieren mayor elaboración o cuyo núcleo de conducta es más complejo, soterrado como es el caso de los delitos económicos.
Curiosamente tampoco ningún parlamentario en ejercicio ha dicho una palabra condenatoria de este acuerdo, a pesar de que suelen comentar hechos a veces de mucho menor trascendencia.
Se escuchan algunas voces que reclaman subir las penas o declaraciones líricas sobre el costo de los remedios, pero nada sobre la gravísima resolución que permite que un grupo de imputados, formalizados y finalmente acusados por delitos que el propio Ministerio Público estimaba merecían penas de cinco años de cárcel, se mantengan como completamente inocentes ante la ley.
Se asimilan así hechos de grave repercusión social a los delitos llamados de bagatela o de menor cuantía, que fueron la razón que se dio para legislar en la reforma procesal penal en torno a esta institución de la suspensión condicional.
Se ha debilitado de esta forma una percepción de la peligrosidad de los delitos económicos, materia que no es nueva en Chile, pero que algunos pensábamos que podría superarse con la nueva institucionalidad penal y sobre todo con el elogio desmesurado, que ha llevado a sacralizar la eficiencia del mercado como asignador de recursos.
Pero por sobre todas las cosas me ha llamado la atención que todavía ningún empresario importante o dirigentes de gremios empresariales grandes o pequeños no haya levantado su voz para separar aguas de situaciones como ésta que por cierto debieran preocuparles.
La ética en los negocios debe preocupar principalmente a los empresarios, porque si no lo hacen tendrán que llorar sobre la leche derramada.
Al menos los que yo conozco podrían levantar la voz, sería bueno para Chile, para las organizaciones empresariales y para demostrar que aun en tiempos electorales hay personas que se ponen por encima de la contingencia y del dinero que parece regirlo todo en Chile, particularmente, cuando de una u otro forma se llevan adelante campañas electorales.
Co autor del artículo es el abogado Hernán Bosselin.