Hoy, la Justicia debe volver a decidir si exculpa o condena a Karina Sepúlveda por haber dado muerte a su pareja tras 18 años de vivir en un estado de agresión permanente o malos tratos habituales.
En el primer juicio, las juezas Azenet Aguilar, Ana Gatica y Gloria Canales adquirieron la convicción que Karina no podía ser culpabilizada al haber actuado apremiada en un estado de necesidad exculpante, reconocido a partir de la ley de femicidio N°20.480. No obstante lo anterior, a petición del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó efectuar un nuevo juicio.
Las 64 cicatrices en el cuerpo de Karina constituyen una pública denuncia del peligro, que para su vida y la de sus hijos se había constituido su pareja.Ella asumió que no quiso llegar a tal punto y sin más, se entregó a la justicia.
La desesperanza y el miedo la inhibieron a denunciar, y aunque la policía en una ocasión, a partir de la denuncia realizada por vecinos acudió a su casa, Karina negó el hecho, atrapada por la relación de sometimiento de su ex conviviente. Los padres de éste callaron pese a presenciar la violencia en su contra: nadie la apoyó como las mujeres víctimas de violencia lo necesitan.
El caso de Karina y tantos otros que hemos conocido durante estos años, nos obligan a reclamar del Estado una actuación más diligente para que hechos graves como éstos, no sigan sucediendo.En los últimos 20 días, desde el 25 de mayo hasta hoy seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas con la consiguiente conmoción y dolor que esto produce a las propias mujeres, a sus familias y a Chile.
Es necesario precaver falsos exitismos. En lo que va corrido de este año, una mujer cada 8 días ha muerto en manos de su pareja o ex pareja, pero paradojalmente el Ejecutivo tras una ofensiva comunicacional,hizo bajar de las calles una campaña del Programa de Naciones Unidas que denunciaba que en Chile una mujer era asesinada semanalmente por violencia de género. Si seguimos así, cualquier esfuerzo se torna inútil o infructuoso.
Como ocurre en otras áreas, las estadísticas ya no dan fe suficiente de corresponder a la realidad. La ciudadanía tiene derecho a que SERNAM explique las razones del por qué sus propios registros sobre femicidios son tan ostensiblemente menores a los del Ministerio Público.
Según el gobierno, a la fecha 21 mujeres han fallecido en manos de sus parejas o ex parejas, algunas de ellas habían denunciado y los agresores tenían prohibición de acercarse, pero nada de eso se cumplió.
En Vallenar, Marisol Cuello falleció dinamitada el 5 de junio por Ramón Barraza, aunque éste tenía dicha prohibición. Norma Bañarez fue asesinada junto a sus hijos, pese a que ya había denunciado. El SERNAM llama a denunciar, pero ¿de qué sirve si no hay respuesta de la justicia? ¿Le sirvió algo a Marisol y a Norma denunciar? No se lo podemos preguntar, porque ya es tarde.
La defensa de Karina ha demostrado que ella pudo ser asesinada y si eso hubiera sucedido, habría sido la víctima número 41 del año 2011,pero ello no ocurrió. Sin embargo, hoy arriesga que su anterior absolución se transforme en un encarcelamiento definitivo.
El uso de brazalete electrónico, tal cual lo hemos solicitado junto con Alberto Undurraga al subsecretario de Justicia el día de ayer, es un avance que puede hacerse realidad en estos casos, pero que no pueda emplearse como medida de protección y sólo se considere su uso para cumplir en libertad una condena dictada después de muchos meses sino años de denunciados los hechos, constituye un impedimento que no se hace cargo de la urgencia con que son demandada éstas y otras medidas, y a las que el Estado está obligado a atender, por el bien de las mujeres víctimas de maltrato.