En Argentina acaban de condenar al ex-dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por la aplicación de un plan sistemático de robo de bebés nacidos durante el cautiverio ilegal de sus madres. Junto a otros responsables de este horrible crimen, también fue condenado el último de los gobernantes de facto del período dictatorial (1976-1983), Reynaldo Bignone.
Recordemos que los responsables del proceso dictatorial argentino ya habían sido condenados a severas penas en lo que se ha llamado “El Juicio a las Juntas”, y en el caso de Videla, a prisión perpetua. Todo esto se hizo aplastando el “perdonazo” que intentó llevar a cabo Carlos Menem en 1990, el que se encontró con la reprobación de la propia justicia argentina que, a partir de 2006,comenzó a declarar inconstitucionales los indultos que Menem había decretado.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, creada por Alfonsín e integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares, hizo un trabajo ejemplar, transformándose de inmediato en una institución confiable apoyada por la inmensa mayoría de los ciudadanos.
El resultado de su trabajo fue un informe de 50.000 páginas titulado “Nunca más”,que está considerado como un monumento jurídico y uno de los documentos más importantes de la historia de los derechos humanos en el mundo.
Los tribunales civiles le doblaron la mano a todos los intentos de la Justicia Militar por “inocentar” a los culpables, conflicto que terminó con una reforma al Código de Justicia Militar, limitando su acción únicamente a delitos como abandono de guardia, deserción, insubordinación, etc. De este modo, no solo se hizo justicia, sino que además se terminó con todos los privilegios jurídicos que los militares habían tenido frente a la justicia civil.
La condena a los dictadores se constituyó en un ejemplo para todos los países que habían vivido historias similares.
Uno de los párrafos de la sentencia se refiere claramente y con todas sus letras a las tropelías cometidas:“En suma puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente, un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Judicial), la libertad o, simplemente, la eliminación física”.
Recuerdo esto para que tomemos conciencia que los argentinos no solo son mejores que nosotros en el fútbol, sino también en haber superado con honor las atrocidades de su dictadura.
En nuestro país los más altos responsables de la Dictadura nunca fueron tocados y la única posibilidad de hacer justicia, que se produjo con la detención de Pinochet en Londres, fracasó debido a la intervención del gobierno de turno (de la Concertación, por cierto) que hipócritamente esgrimió argumentos nacionalistas para salvar al dictador.
Como si los derechos humanos no fueran precisamente eso, humanos, y solo concernieran a los ciudadanos de los países en los cuales se atropellan.
Este argumento falaz, junto a otros igualmente contradictorios, impidieron que en Chile se hablara claro frente a los crímenes promovidos directamente por los máximos responsables de un Estado que se transformó en terrorista.
Estos hechos han traído consecuencias nefastas para la vida política del país, generando un descrédito de los políticos y una pésima imagen de la justicia chilena, que durante la dictadura fue incapaz de mantenerse como un poder independiente, y que a pesar de ello nunca fue puesta en juicio por los gobiernos de la transición, ni tampoco llevó a cabo ningún proceso de autocrítica ella misma.
La frase de Aylwin resume el carácter vergonzante de todo este proceso: “justicia hasta donde sea posible”. La justicia argentina, por el contrario, ha demostrado que el límite de la posibilidad de la justicia es la justicia misma, y que cuando esta se ve impedida de llevar a cabo su labor hasta el final, el resultado no es otro que la injusticia.
Así, los chilenos hemos tenido que aceptar que las instituciones que fueron las causantes de los hechos más denigrantes que se han cometido en nuestra historia hayan impuesto su manera de doblar la página por la fuerza y no por la razón y la justicia.
Se ha eludido la autocrítica y se han enfrentado las peores acusaciones por la vía del “arreglín”. La democracia obtenida a través de un proceso pactado con los responsables de crímenes de lesa humanidad, que además se han mostrado posteriormente como personajes que se aprovecharon de sus cargos para robar y obtener prebendas ilícitas para ellos y sus familiares, no puede ser vista como un proceso limpio y justo.
Sus resultados, buenos o malos, no están legitimados por el pueblo y por eso en Chile el descontento con la clase política y con el sistema es tan grande.
Las consideraciones hipócritas que se hacen frente a la violencia que de pronto se desata en diferentes lugares de nuestro país no tienen en cuenta esta historia de imposiciones que ha tenido que sufrir nuestro pueblo y que tanto daño han hecho.
Que instituciones como la justicia o las fuerzas armadas y carabineros tengan la cara limpia es una de las condiciones fundamentales para que exista paz, concordia y, por supuesto, democracia. Los chilenos seguimos esperando que esto por fin se produzca.
Los argentinos nos llevan de lejos la delantera. Por eso, es justo valorar lo que ellos han hecho y saludarlo como un inestimable y ejemplar aporte a la lucha democrática en nuestro continente.
Nosotros, que no fuimos capaces de enjuiciar a los terroristas de Estado, sigamos inventando leyes para terminar con los encapuchados.