El Ministro Hinzpeter ha creado un “Comité Especial” de Seguridad en la Araucanía. Estará conformado por representantes de las policías y fiscales, organismos del Gobierno regional y…de distintos conglomerados de empresarios de la región (camioneros, forestales, otros).
No se ha informado si organismos relacionados con el tema indígena, por ejemplo como Conadi, participarán de esa instancia. Claramente, puestas así las cosas, lo “especial” del comité es que conlleva una convergencia de intereses gubernamentales y empresariales para abordar lo que denominan como “conflicto mapuche”.
El conflicto, en realidad, lo pone el Estado desde hace muchos años, particularmente por su constante negativa a reconocer plenamente los derechos ahora consagrados en la Declaración Universal de Naciones Unidas en favor de los Pueblos Indígenas del mundo (septiembre 2007) y en el Convenio 169 de la OIT.
¿Olvida el Gobierno que este Convenio es hoy Ley de la República? ¿Y entonces por qué lo ignora?
La medida extraordinaria de constituir este “Comité Especial” de seguridad ciudadana emerge luego del trágico deceso del Carabinero Hugo Albornoz. Ya hemos señalado que su muerte es motivo de tristeza para su familia y para la sociedad, del mismo modo como en su oportunidad ha sido motivo de pena para las comunidades indígenas la injusta muerte de varios jóvenes indígenas mapuches.
Hemos dicho que la violencia solo trae más violencia y que esta violencia es mayor cuando es el Estado el que la practica. La presencia militarizada de carabineros en la Araucanía sería totalmente innecesaria si el Estado cumpliese con sus obligaciones respecto de los Derechos internacionales y nacionales de nuestros Pueblos Indígenas.
Lo paradojal es que cuando han muerto mapuches, en este caso ciudadanos de civil, enfrentados de manera desproporcionada por fuerzas represivas, el Gobierno no constituye “Comités Especiales”. Esa es la medida de su acto. Son los hechos los que hablan por sí solos.