Es una tristeza para nuestra sociedad toda muerte por violencia policial en los conflictos sociales, que involucren a personas jóvenes.
Hemos seguido estos días el penoso estoicismo de la familia de Manuel Gutiérrez, el joven evangélico asesinado en Peñalolén por una bala policial.
El destino ha jugado un rol irónico al poner la pistola desde donde surgió la bala criminal en las manos de un policía descendiente del pueblo mapuche. Pero esto va más allá de una identidad étnica. El carabinero puede llamarse de cualquier forma.
Lo que importa es la formación que le han impuesto, la disciplina y condicionamientos con los que ha sido capacitado.
En diversas ocasiones la excesiva fuerza policial en sectores populares no sólo es desmedida sino que refleja el resabio de una sociedad colonial y dominante, que mediante la violencia busca imponer un orden que a toda vista, y a juzgar por las crecientes movilizaciones de centenares de miles de chilenos en estos meses, es imperioso revisar y modificar.
Es decir, pasar del orden que imponen el mercado y una sociedad individualista a un orden democrático de verdad, para lo cual las bases fundamentales están instaladas luego de una extensa transición.
La muerte repentina y brutal de Manuel Gutiérrez, que enluta a su familia y al país, es motivo de tristeza para todos los chilenos.
La sociedad no puede permitirse estas pérdidas y por ello reclamamos el buen éxito del esperado diálogo al que ha convocado el Presidente de la República y que a pesar de los nubarrones de la impericia gubernamental (por dichos y acciones) no quede en el camino.
Pero nuestra democracia tiene deudas mayores con sus jóvenes y especialmente con su juventud indígena.
El asesinato de Manuel, en Peñalolén, saltó a los primeros planos noticiosos por el contexto histórico de las movilizaciones sociales actuales. Pero en estos años de democracia, desde el 2002 otros jóvenes, descendientes del Pueblo Mapuche principalmente, han muerto en conflictos sociales tanto como resultado de la acción policial como de terceros. Se trata de los siguientes casos:
• Alex Lemun Saavedra, 17 años, muerto el 12.11.2002. El policía involucrado, Marco Treuer ha sido absuelto en diversos juicios. El caso está en la CIDH.
• Jorge Suárez Marihuan, 27 años, muerto el 11.12.2002.Su muerte sería producto de una golpiza por su participación en procesos locales de recuperación de tierras.
• Julio Huentecura Llancaleo, 30 años. Muerto el 26.09.2004. Fue asesinado en el mismo penal en donde se encontraba recluido a la espera de un juicio.
• Zenón Díaz Necul, 17 años. Muerto el 10.05.2005. Embestido por un camión maderero en un evento de reivindicación de tierras. Conductor no respetó el corte de carretera y embistió a los manifestantes.
• Matías Catrileo Quezada, 23 años. Muerto el 03.01.2008.El cabo Walter Ramírez dispara su ametralladora UZI a la espalda del manifestante en un evento de recuperación de tierras en Vilcún. Las únicas armas disparadas correspondieron a la fuerza policial.
• Johnny Cariqueo,22 años. Muerto el 03.03.2008. Detenido en la vía pública en Pudahuel luego de participar en un acto por el joven combatiente. Fue conducido al cuartel policial y golpeado brutalmente. Sufría de problemas cardíacos que horas más tarde la costarían la vida.
• Juan Collihuin, 71 años. Muerto el 29.08.2006. Su ruca en Boyilco Chico fue allanada violentamente por la policía por una denuncia de presunto abigeato. En la refriega, un disparo a quemarropa terminó con la vida del anciano mapuche y adicionalmente sus hijos Juan y Emilio también resultaron heridos.
• José Mendoza Collío, 24 años. Muerto el 12.09.2009. Participaba en un acto de ocupación pacífica de tierras en San Sebastián. En el desalojo policial recibió el impacto de una bala de 9mm resultando muerto.
Ninguna causa, ninguna muerte puede ser justificada o explicada sólo por razones políticas o ideológicos o según el contexto histórico.
En el caso indígena lo que es profundo es la existencia de una reivindicación de derechos ante los cuales la sociedad, el Estado, el Gobierno y el Parlamento, entre otras instituciones, han mantenido un severo y rígido compás de espera.
La muerte de Manuel, en Peñalolén, representa el fracaso de una sociedad de mercado y la inequidad de un modelo educacional.
Todo esto ocurre en un marco estructural-institucional de la sociedad chilena que ya no resiste sostenimiento.
En consecuencia, no es menor el hecho de que ante el conservadurismo cultural de nuestras élites políticas y gobernantes, sea precisamente la juventud quien lidera el reclamo profundo y no es menor, igualmente, que la sociedad tardará en reaccionar ante los cambios que se requieren.
Y por ello las tensiones se reflejan finalmente en nuevos mártires, compatriotas que pierden su vida, en familias que quedan sumidas en la pena y en una sociedad que tarda en superar sus conmociones.
Estos jóvenes, indígenas y no indígenas, hace mucho rato le están diciendo al país que las injusticias acumuladas, las frustraciones sociales y la intensa inequidad son ciertamente insoportables. Y que ha llegado el momento de efectuar cambios profundos.