En abril del 2010 el nivel de desaprobación de los partidos de la Concertación, en la encuesta Adimark, se situaba en 51 puntos. Un año después, en junio del 2011 el indicador de rechazo aumentó a 68 puntos contra solo 22 de aceptación. Es decir: hoy de cada tres chilenos, dos desaprueban el accionar de la Concertación.
Con la coalición de derecha (Alianza por Chile) la situación no es diferente con 60 puntos de desaprobación y 30 de aceptación. El Senado y la Cámara de Diputados cuentan igualmente con altos niveles de rechazo. Lo mismo el Gobierno y el Presidente, con indicadores que superan la media de 50 puntos. Todos van en caída libre.
Y la dirigencia espera con los dedos cruzados y tocando madera, los vaticinios de la poderosa Encuesta CEP cuyos resultados ya se están trabajando. La CEP puede ser más impactante o vendría a confirmar la tendencia crítica.
El problema entonces no se enfrenta sólo con salidas parciales de Ministros ni cambios de Gabinete a esta altura. El asunto es mucho más estructural. La sociedad chilena está reaccionando ante una crisis profunda del sistema político. Y esto requiere de parte de los actores políticos (partidos, parlamento, Gobierno) severas decisiones encaminadas a modificar profundamente dicho sistema.
Esto implica un proceso constituyente encaminado a dotar a Chile de una Constitución auténticamente democrática, en donde se aborden todos los aspectos críticos que generan esta justificada efervescencia social.
De partida, se requiere una gran reforma de la Ley de Partidos Políticos y eliminar definitivamente el sistema binominal. Es importante también recuperar para la soberanía popular el plebiscito como mecanismo democrático para resolver las grandes controversias de país.
Debe ponerse en discusión el principio de propiedad que está protegido en la Constitución actual de tal forma que los poseedores de los medios de producción y dueños de la riqueza generen desigualdades estructurales profundas.
¿Son necesarios Diputados que se repiten hasta el infinito?
¿Debe seguir soportando el país Senadores con ocho años y que luego se repiten por otros ocho años más?
¿Qué debiera acontecer con leyes inicuas como la Ley Antiterrorista en el marco de una Constitución democrática?
Una reforma auténtica de la Constitución para ponerla al día con las necesidades e intereses democráticos del pueblo chileno es tarea de todos los sectores políticos y ello llevará consigo ciertos renunciamientos que son inevitables.
¿Están los partidos políticos del oficialismo y de la oposición disponibles para esto?