Como profesora de Derecho Internacional (DI) y Relaciones Internacionales -pero por sobre todo como persona- siento mucha impotencia y rabia al observar lo que está ocurriendo no solo en Gaza sino que en muchos lugares del mundo.El sufrimiento de población civil, las muertes de inocentes (más aun si son niños/as), el desplazamiento forzado y el sometimiento a vivir en condiciones infra humanas de muchas personas, no puede sino remover conciencias. Gaza, Siria, Libia, Mali, Sudán, Nigeria, Ucrania… la lista, lamentablemente, es larga.
Se suele criticar con acidez tanto al DI como a la ONU. Indudablemente mucho de cierto tienen dichas críticas pero también pecan de imprecisión y desconocimiento del sistema y las relaciones internacionales.
La guerra, como tal, existe, ha existido y seguirá existiendo en el escenario internacional. Así como una ley nacional no puede borrar de un plumazo los asesinatos, las violaciones, los robos o la pederastia, tampoco la existencia de un ordenamiento internacional puede eliminar de raíz la violencia internacional.
Sin embargo, en especial luego de las atrocidades de las guerras mundiales, se ha avanzado en establecer un sistema de normas que prohíben la guerra como medio lícito de solucionar conflictos o adquirir territorios y que limitan las consecuencias de los enfrentamientos armados. Así nace el Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, se han hecho grandes esfuerzos por establecer las bases de una justicia penal internacional, cuyo mayor ejemplo es la Corte Penal Internacional.
No obstante los avances –de los cuales han participado los países de la ONU-, son los propios Estados los que han ido poniendo los mayores obstáculos a un avance más rápido y profundo en estas materias.
Las Naciones Unidas es una organización internacional y como tal, los Estados que la crearon establecieron sus competencias en su tratado constitutivo: la Carta de las Naciones Unidas. En el se establece que corresponde al Consejo de Seguridad (C.deS.) el rol primordial de mantener la paz y seguridad internacional.
Cuando existan situaciones de amenaza o quebrantamiento de la paz o acto de agresión, para adoptar medidas coercitivas en estas materias el Consejo debe cumplir con dos requisitos: aprobar las decisiones con un mínimo de 9 votos (de 15 que es el total de miembros) y que ninguno de los 5 miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China) ejerza el llamado “derecho de veto”.
Este derecho de veto no está establecido como tal en la Carta pero la interpretación del art. 27 ha dado lugar a esta expresión (se considera que la abstención no equivale a ejercicio del veto).
De esta manera, lo que negociaron en su momento en Yalta (1945) Stalin, Roosevelt y Churchill, quedó como una garantía (más bien “amarre”) para los 5 grandes de no intervenir en conflictos sin su consentimiento.
La idea principal era establecer un sistema de seguridad colectiva y actuar allí donde los 5 estuvieran de acuerdo para restablecer el imperio del Derecho. Sin embargo, los que en su momento eran aliados, prontamente comenzaron a ser adversarios.
Con el correr de la Guerra Fría este “derecho de veto” se politizó y fue usado para bloquear decisiones que fueran en contra de sus intereses nacionales o de sus aliados, lo que llevó a una parálisis de la ONU. Además, las razones de los bloqueos no siempre fueron las mejores, permitiendo que grandes masacres se produjeran sin que la ONU pudiera intervenir más que en ayuda de las víctimas a través de sus agencias especializadas.
Con el término del sistema bipolar se pensó que finalmente el sistema de seguridad colectiva funcionaría. La Guerra en Irak de 1990-1991 fue el momento en que muchos pensaron que así sería al ordenar el Consejo de Seguridad la intervención “por todos los medios necesarios” para restablecer la soberanía de Kuwait violada por el régimen de Sadam Hussein.
Dicha resolución fue votada favorablemente por EE.UU. Francia, Rusia y Reino Unido (China se abstuvo, no impidiendo su adopción). Demasiado temprano el entonces presidente George Bush habló de un “Nuevo Orden Mundial”, que más bien tenía los ingredientes de un “desorden mundial” cuyas consecuencias estamos observando hasta el día de hoy.
Bastó esperar poco tiempo para ver nuevamente bloqueado el Consejo de Seguridad y, por ende, la ONU. La guerra en los Balcanes fue el escenario en que nuevamente la parálisis llegó. Lamentablemente, esa situación se ha venido repitiendo en los últimos años.
EE.UU. históricamente ha votado en contra de proyectos de resolución que buscaban sancionar a Israel. Siria es otro ejemplo dramático en que Rusia y China se han opuesto a medidas coercitivas contra el régimen de Bashar al-Asad. Fue necesario esperar dos años, miles de muertos y el uso de armas químicas para ver, por fin, que el Consejo permitiera ordenar abrir un cordón humanitario y forzar a Siria a deshacerse de sus armas químicas bajo responsabilidad de la ONU.
Así, ante las críticas, es necesario resaltar que la ONU realiza un trabajo permanente, constante, casi silencioso para la opinión pública, en muchas materias que van desde la ayuda humanitaria y a los refugiados hasta la regulación de la aviación civil, el medioambiente, los derechos humanos, la educación, la alimentación, la ciencia y la cultura, entre muchos otros amplios campos.
Sobre todo la labor humanitaria se realiza la gran mayoría de las veces en condiciones difíciles y con riesgo de la vida de sus funcionarios pero que, de no realizarse, nadie llegaría a rincones del mundo en que la población muere de hambre o producto de las guerras o catástrofes naturales.
Por lo tanto, pese a los errores y debilidades que como institución adolece, es a los Estados – en especial los 5 grandes del Consejo de Seguridad- a quienes debemos exigir acción. Los Estados siguen siendo los grandes actores del sistema internacional que, pese a los avances, se sigue caracterizando por una suerte de “anarquía internacional”.
Las organizaciones internacionales y la sociedad civil tienen voz en el concierto internacional y la presión que ejerzan ante los Gobiernos de los Estados es la vía para lograr avances que no siempre los países están dispuestos a conceder, ya sea en defensa de una mal entendida soberanía, por intereses nacionales o por miedo a perder poder.