La intervención de Brasil en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas es siempre un evento que debe ser seguido con atención. La potencia regional emergente, miembro de los BRICS, y considerado como potencial actor revisionista del sistema multilateral, se presenta siempre con un discurso presidencial claro en sus intenciones y que esconde el trabajo de un equipo diplomático de excelencia, como es el de Itamaraty.
Por ello sorprendió que, pese a reiterar las aspiraciones de su país y otros poderes emergentes por reformar el Consejo de Seguridad y el FMI, o abarcar algunos de los conflictos internacionales actuales –sin brindar mayores alternativas ni soluciones-, Dilma Rousseff haya dedicado gran parte de su tiempo para denunciar las actividades de espionaje digital realizadas por Estados Unidos en el mundo, y especialmente a Brasil en nuestra región, las cuales fueron reveladas a propósito del caso de Edward Snowden.
Sin lugar a segundas interpretaciones y, aun cuando estas prácticas puedan ser consideradas como comunes por parte de los analistas de inteligencia, las actividades de espionaje son un hecho grave y repudiable, a tal punto que la falta de explicaciones por parte de Washington motivó posponer la visita de Estado que la presidenta brasileña realizaría al país norteamericano, evento que no ocurre desde hace dos décadas.
“Los argumentos que afirman que la interceptación ilegal de información y datos ayudan a proteger a las naciones contra el terrorismo no se sostienen”, afirmó Rousseff, al tiempo que señaló que“Brasil sabe cómo protegerse a sí mismo; rechazamos, atacamos y no refugiamos a grupos terroristas”, reforzando la soberanía de su país y dando una respuesta correcta y contundente ante la situación.
Sin embargo, Dilma ha ido más lejos en su discurso, proponiendo que “las Naciones Unidas deben jugar un rol de liderazgo en el esfuerzo por regular la conducta de los Estados en relación a estas tecnologías”, adelantando que Brasil “presentará propuestas para el establecimiento de un marco para la gobernanza y el uso de la Internet y para asegurar la protección efectiva de los datos que viajan a través de la red”, reviviendo así un debate que pone en juego la libertad de la Internet tal como la conocemos hoy.
Ya en diciembre pasado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo dependiente de Naciones Unidas, realizaba en Dubái la última versión de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT-12). Ocasión en que midieron fuerzas aquellos estados a favor o en contra de mayor regulación de Internet.
Por una parte, países como Rusia y China han solicitado el control total de las comunicaciones que se efectúen vía web dentro de su territorio, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea se han opuesto enérgicamente a toda regulación nacional o internacional que afecte la libertad de las comunicaciones, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia entre usuarios.
ITU ha continuado con su tarea desde entonces, a través de Grupo de Trabajo del Consejo sobre asuntos de política pública relacionados a internet CWG-Internet, a reunirse nuevamente en noviembre de este año.
Existen diferentes intereses cruzados, y muchas naciones pretenden impulsar sus propias agendas.
Algunos están empeñados en combatir el control que ejerce de facto Estados Unidos sobre internet, a través de la International Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), organismo independiente, pero localizado en Estados Unidos, que tiene a su cargo el protocolo de asignación de direcciones numéricas de internet (IP).
Pero más preocupante es el problema de reconciliar el concepto de libertad de expresión con las nociones tradicionales de soberanía nacional.
Entregar la prerrogativa del control de internet a cada uno de los países miembros de la UIT significaría la legitimación de las prácticas de censura y vigilancia que ejercen ciertas naciones autoritarias sobre internet (como es el caso de Rusia, China, Irán, Corea del Norte y recientemente Siria).
Cabe destacar que de todas maneras la UIT ya reconoce a sus estados miembros ciertos derechos de restricción de la libertad de expresión en internet, incluyendo los casos de violación del derecho de autor, pornografía, difamación, discursos políticos extremos, etc.
Estos se encuentran en el artículo 34 de la Constitución de la UIT que permite a los estados cortar los servicios, de acuerdo a sus legislaciones nacionales, en caso de que cualquier telecomunicación privada parezca atentar contra la seguridad nacional, sea contraria a sus leyes, el orden público o la moral y las buenas costumbres.
Algunos Estados han dado pasos para manifestar su interés por mantener Internet fuera del dominio de cada nación, entregando su infraestructura y control a la sociedad civil y los privados, de forma de evitar tentaciones de mayor control por parte de agentes estatales.
La cámara de representantes del congreso de Estados Unidos votó de manera unánime (397 a 0)(1) una declaración en que se opone al esfuerzo de Naciones Unidas por promocionar mayor control gubernamental sobre Internet,lo que se suma a lo ya hecho por el senado, donde también votó unánimemente sobre el asunto.
Por su parte, la Unión Europea también rechazó los planes de Naciones Unidas durante el mes de noviembre(2) .Todas estas declaraciones hacen patente el temor de “socavar el actual modelo con múltiples partes interesadas, que hasta ahora ha permitido el florecimiento de internet y en el que el sector privado se ha encargado de generar las reglas y plataformas”. En respuesta, Wang Qun, embajador chino para asuntos de desarme, ha señalado que “la práctica de la política del poder en el ciberespacio en nombre de la ciber-libertad es insostenible”.
Los casos de espionaje y de seguridad en la red que han afectado a países como Brasil e incluso a Chile son sin duda un llamado de atención sobre los riesgos asociados a las tecnologías de la información y la posibilidad de su uso para transgredir los límites de la soberanía nacional.No obstante aquello, la solución no se encuentra necesariamente en la reproducción de modelos que operan hoy en el mundo físico.
La naturaleza libre de Internet y la capacidad de traspaso de información son un pilar fundamental de la libertad de expresión y desarrollo del ciudadano moderno, y su restricción en favor del resguardo de líderes y secretos comerciales puede ser contraproducente.
Un estado democrático y libre debe por cierto fijar las defensas que estime necesarias para proteger la información de la que depende su seguridad nacional, pero también posee los canales institucionales y el estado de derecho necesarios para garantizar la libertad de comunicación, tránsito e información de sus ciudadanos y sus transmisiones privadas.
(1)http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hconres127eh/pdf/BILLS-112hconres127eh.pdf
(2)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0498+0+DOC+XML+V0//ES