Con el socorro institucional de la OEA, el actual gobierno paraguayo ha sorteado el peligro del aislamiento continental, y de paso la OEA ha tenido hasta ahora un rol más relevante en la crisis paraguaya que la propia UNASUR. Ésta última, la llamada “organización natural” de los países de América del Sur ha cambiado de mano por estos días. Alí Rodríguez, un político nacido al alero del Presidente Chávez, ha tomado el relevo.
El nuevo Secretario General de UNASUR ha impulsado una declaración enérgica contra las actuales autoridades paraguayas. Cuestiona su legitimidad argumentando el “incumplimiento del derecho al debido proceso” y las “garantías para la defensa”, lo que implicaría una violación de los principios y valores democráticos que sostienen el proceso de integración de este organismo.
Paraguay –suspendido de su membrecía- ha debido resignar en la República del Perú la Presidencia Pro Témpore de UNASUR.
La OEA, dirigida por el chileno José Miguel Insulza -el ministro del Interior de más larga data en la historia nacional- ha tomado otro camino: establecer la neutralidad de un organismo internacional, que puede oficiar en última instancia como mediador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, más que condenar al gobierno resultante de la crisis, propuso fortalecer la gobernabilidad de Paraguay en el período de transición hacia las elecciones de 2013. La idea es promover un diálogo político interno que permita reformas legales que puedan ayudar a evitar futuras crisis.
UNASUR va un tanto atrasada esta vez. Ha nombrado una Comisión encargada de evaluar la situación de Paraguay dirigida por Salomón Lerner, ex premier peruano y ex –funcionario de los gobiernos militares de su país. Su objetivo sería buscar alguna fórmula de reafirmación de la vía democrática en ese país.
Se ha ido configurando un cuadro de singular preocupación por los procedimientos democráticos en la región y Paraguay resulta ser un “test case” para el funcionamiento de las instituciones políticas en América del Sur.
Algunos analistas argumentaron que lo ocurrido en Paraguay se asemejaba a la violencia intrafamiliar, frente a lo cual los vecinos no podían permanecer impasibles.Hasta ahora hemos visto una sobrerreacción declarativa, donde los vecinos despreocupados de los auxilios, aprovechan la ocasión para devolver el golpe al Senado paraguayo, aceptando a Venezuela en el Mercosur.
Ya se ha buscado comparar a Honduras con Paraguay. En el primer país, un grupo de militares secuestraron al Presidente de la República y lo pusieron en Costa Rica. En Paraguay, el Senado de la República por más de dos tercios de sus miembros destituyó al Presidente Lugo, que tuvo reacciones contradictorias al procedimiento. Primero, para aceptarlo y luego, para desconocerlo.
El ex-presidente ha tenido libertad, tribuna y partidarios que defienden su causa. Son minoritarios, pero respetados. Lugo evalúa incluso presentar su candidatura a senador, es decir hacerse miembro de la institución que lo defenestró.
El nuevo gobierno tampoco está quieto. Ha solicitado al Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur anular la suspensión impuesta y dejar sin efecto el ingreso de Venezuela a este pacto. UNASUR no es una prioridad.
Sostienen que en Paraguay han funcionado las instituciones que los propios paraguayos se han dado. Instituciones que se han reformado sustancialmente no hace mucho, en 1992.
En ese país no se vota por las personas, se vota a los partidos. Y el Senado, la institución que ha resultado ser más poderosa que el Presidente, está capturado por los partidos políticos. No es algo muy diferente de los regímenes parlamentarios europeos. El problema es que Lugo es independiente.
A mediano plazo, el camino de la OEA parece ser más sensato que el de UNASUR. Hoy por hoy, la única democracia posible es al interior de los Estados nacionales.
La preocupación de los vecinos tiene que ser genuina y coherente. No solo Paraguay, sino que varias democracias pueden y deben ser perfeccionadas en América del Sur.