Entre la memoria y el futuro, así podrían ser descritas las relaciones vecinales del Chile actual. Detrás del cerco se vive de mucho recuerdo. Aquí es al revés, como si quisiéramos arrancar para adelante, mientras nuestros vecinos están pegados en el pasado.
Argentina quiere las Malvinas, Bolivia quiere salida al mar y Perú quiere más mar del que actualmente tiene. Nuestro entorno son países –fundamentalmente sus gobiernos- que reivindican territorio.
A Chile se lo considera un país conservador en política internacional. Destacan que fundamenta su conducta en el estricto apego a los tratados vigentes que lo favorecen. Por ello, se suele decir que los chilenos son legalistas. Hasta la transición misma –traspaso del poder de militares a civiles- ha sido un claro ejemplo de esta inclinación de una clase política local llena de abogados.
El entorno vecinal está conformado por regímenes políticos anti conservadores, que pretenden rediseñar la realidad internacional de sus países. Los tres gobiernos son demandantes, pretendiendo ajustes de cuentas con su propia historia.
Argentina reivindica las islas Malvinas y resiente no tenerlas. Se acerca un nuevo aniversario de una guerra perdida que reafirmó esas posesiones en manos inglesas, y el gobierno ha iniciado una ofensiva diplomática con toda regla con los países del vecindario.
Un vecindario algo más grande -está en plenas funciones UNASUR- al que ha convocado a Tierra del Fuego para participar en el acto del 2 de abril, que conmemora el inicio de la guerra con Gran Bretaña.
Las provocaciones inglesas con su despliegue militar –en clave nuclear- en las Malvinas han despertado renovadas simpatías en Latinoamérica por Argentina, en su lucha contra los resabios del colonialismo inglés.
Chile ha mostrado apoyo a la causa argentina, aunque el país mantiene compromisos humanitarios con la isla. Es una ecuación a resolver en el marco de la asociación estratégica que ha unido a Chile y Argentina desde el retorno de la democracia en ambos países.
Perú no está conforme con los tratados pesqueros que legitimaron la línea paralela desde el Hito 1 al mar, como la frontera marítima entre ambos. Para acordar una frontera marítima formal ha llevado sus pretensiones al Tribunal de Haya, y el Canciller Moreno ha pronosticado que “el primer semestre del 2013 vamos a tener un fallo”.
Actualmente, los alegatos de los países son reservados, pero este año la temperatura de la opinión pública de ambos países puede elevarse porque antes de que comiencen los alegatos orales, los documentos serán dados a conocer al público.
La primacía de los negocios por sobre los litigios fronterizos –que ha caracterizado a la actual administración- tendrá su periodo de prueba y aunque tampoco está claro si será la última ofensiva que lanzará Perú contra Chile.
En este escenario, la demanda marítima de Bolivia ha devenido en tema menor. El actual gobierno ha tenido espacio para asumir la tradicional defensa del Tratado vigente. En esta administración no se discutirá de acceso soberano –sea en la forma de corredor como propuso Pinochet o de enclave como lo quiso Lagos-, ya que solo hay ánimo para mejorar las condiciones de accesibilidad.
La cancillería chilena está preparada para enfrentar una eventual demanda boliviana, la que podría ser acogida cuanto la peruana esté terminando. Con todo, el fallo del Tribunal de la Haya marcará el futuro en la relación vecinal norte. El que gane esta batalla legal tiene la palabra y Bolivia tendrá que esperar.
Este año el gobierno enfrenta un período de elecciones en el país que culminará con la elección presidencial del 2013. Los vientos que agitan el entorno vecinal de Chile obligará al gobierno a prestar especial cuidado a estas materias, para procesar adecuadamente las eventuales diferencias con la oposición, que constituye la mayoría en el Senado.