Al cumplirse 10 años de la transformación de Guantánamo en un centro de detención y torturas es un buen momento para plantearnos tanto la necesidad de exigencias de responsabilidades por los delitos allí cometidos como la existencia de un doble rasero en materia de derecho humanos por parte de las grandes potencias.
La “guerra contra el terror” iniciada por Bush no ha sido más que un eufemismo para entronizar la comisión a escala universal de los más atroces delitos internacionales que, ahora, se pretende queden impunes.
A estas alturas sobra explicar lo que ha sido y es Guantánamo: las historias de los presos son múltiples – baste conocer la de alguno, como la del turco-alemán Murat Kurnatz, para comprender lo aberrante de la existencia de Guantánamo – y las justificaciones de los perpetradores variadas – algunas sorprendentes, por inadmisibles, como las de la Coronel Jurídica Diane Beaver.
Tampoco debería bastarnos la promesa e intención postelectoral de Obama cuando anunció hace casi 2 años el cierre de un centro por cuyas celdas e instalaciones – diseñadas para la tortura- han pasado más de 779 presos de los cuales hoy quedan unos 196 y de estos últimos ya se ha acordado que 89 sean trasladados nuevamente a sus casas o a terceros países, pero siguen allí sin juicio, sin cargos y sin justicia.
Después de una década de ignominiosa existencia, de este y otros centros de detención y tortura, deberíamos plantearnos la necesidad de exigencia de responsabilidades; de hecho, se está haciendo en diversas jurisdicciones que cuentan con los mecanismos necesarios para ello. Lo lamentable es que allí donde se ha pretendido, la respuesta ha sido siempre la misma: nadie quiere investigar.
En España, hemos iniciado dos procesos para la exigencia de responsabilidad penal a los torturadores; uno contra los asesores legales de Bush que idearon el andamiaje legal que ha hecho posible el laberinto – que no limbo – jurídico de Guantánamo y otro contra los responsables directos de lo allí sucedido. Uno y otro procedimiento han seguido suertes desiguales.
Una de las paradojas en las causas por Guantánamo es que quien inició la investigación por lo allí sucedido fue el Juez Garzón, ahora pendiente de condena – que no juicio – por investigar los crímenes del franquismo. Dicho proceso sigue su curso gracias a la dedicación del Juez Pablo Ruz, faltando para que estemos ante una investigación y persecución efectiva, la directa imputación de los principales responsables de los delitos cometidos en esa base naval.
El otro proceso, tal cual nos enteramos por Wikileaks, – contra los asesores legales de Bush – ha sido inadmitido a trámite, archivado y cursado de inhibición por el Juez Eloy Velasco, quien en abril de 2011 hizo exactamente lo que, según Wikileaks, le habría ofrecido a las autoridades norteamericanas un año antes, en abril de 2010, por aberrante que parezca desde la perspectiva procesal.
Esta medida está recurrida y aún no se halla resuelta pero sí podemos concluir que la actitud de las autoridades españolas ha sido la misma que en Alemania, en Suiza, en Bélgica y en otros muchos países donde se ha intentado. Nadie quiere investigar ni molestar a los poderosos, garantizándoles, así, una indeseada impunidad.
Por el contrario, cuando los crímenes de lesa humanidad o los de guerra los cometen los gobiernos de países periféricos entonces todo el peso de la justicia penal internacional cae sobre sus perpetradores; eso sí, sólo sucede una vez que han sido defenestrados o han caído definitivamente en desgracia ante Occidente.
Un buen ejemplo de este doble rasero del que hablamos lo podemos encontrar en el caso del libio Gadafi; mientras fue útil a los intereses de las grandes potencias se le permitió todo y más.
Cuando comenzó a ser un problema real o un inconveniente para los intereses de Occidente no sólo se le atacó militarmente sino que, además, se activaron los mecanismos de represión con la propia Corte Penal Internacional (CPI) a la cabeza, realizándose una investigación cuasi en “tiempo real”, como ha dicho una responsable de la misma.
Nadie podrá justificar las atrocidades cometidas por Gadafi, ni las cometidas en su contra, pero mientras presumía de riquezas y repartía contratos y concesiones en una de sus “jaimas” con los líderes europeos a nadie parecía importarle los crímenes que se estaban cometiendo.
Otro ejemplo del doble rasero con el que se aborda el problema de los derechos humanos y, ahora, tampoco a nadie le preocupa los que allí en Libia siga sucediendo.
La actuación de la CPI en el caso de Gadafi es una buena demostración de que existen instrumentos de represión penal para los más graves crímenes contemplados en el derecho penal internacional.
Lamentablemente, también ha sido un buen ejemplo de la existencia de dos varas de medir dependiendo no de la gravedad del hecho sino de la nacionalidad y posición de su autor.
Los crímenes más atroces que afectan a la comunidad internacional han de ser perseguidos con independencia de quién los cometa y ello porque no afligen sólo a la víctima directa que los padece sino al conjunto de la sociedad internacional y, también, porque así se evitan paradojas como la que estamos viviendo en España, por la cual el único condenado por los crímenes del franquismo terminará siendo quien quiso investigarlos – Garzón quien se sentará en el banquillo a partir del próximo martes.