Hoy, más que nunca, es imperioso que el gobierno escuche las distintas visiones existentes en torno a la reforma al sistema de educación superior. La Ley Corta, aprobada en tiempo récord, dejó en evidencia entre otras cosas, la falta de información respecto de las diversas realidades de los futuros estudiantes universitarios, mientras que los vacíos que generó este proyecto, se han hecho más que visibles durante los últimos días.
Es patente que cuando el legislador aprobó esta muy apurada ley, no consideró que al establecer que sólo las universidades con 4 años de acreditación podían recibir estudiantes bajo el criterio de gratuidad, concentraría la oferta en dos universidades privadas no adscritas al sistema único de admisión (las universidades Autónoma y Católica Silva Henríquez).
Con ello, en la práctica redujo ostensiblemente la oferta de carreras y de vacantes disponibles para un segmento de jóvenes y sus familias que aspiran mejorar su futuro. De los 280 mil estudiantes que rindieron la PSU en este último proceso, sólo 79 mil obtuvieron más de 500 puntos -base mínima para acceder a la gratuidad-, dejando a 114 mil jóvenes que obtuvieron puntajes inferiores a ese límite, fuera de la gran promesa de estudiar una carrera sin pagar por ella.
Es decir, si el propósito de la gratuidad era que los estudiantes vulnerables tuvieran las mismas oportunidades que un estudiante que no necesita el beneficio, este objetivo no se cumplió.
Otra cosa es saber si ese postulante con gratuidad que no alcanzó un puntaje superior a los 500 puntos, logró finalmente ingresar a la carrera de su preferencia, o debió conformarse con los programas ofrecidos por estas dos universidades privadas. Y si así ocurrió, cabe sanamente preguntarse si este joven logrará finalizar su primer año académico en una carrera que tal vez no lo motiva o nunca pensó estudiar.
Claramente, la fórmula en torno a la gratuidad tiene tantas aristas como interesados en la discusión, muchos de ellos actores que sólo presencian cómo se desarrolla el debate, sin hasta el momento tener voz o voto en lo que creemos es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de una educación superior más equitativa y accesible.
Nos encontramos frente a un dilema, que debe ser resuelto ahora. Los hechos dan la razón, la inmensa mayoría de los estudiantes que tuvo el beneficio de la gratuidad, tuvo que matricularse donde pudo y estudiar lo que se podía. Es necesario volver a sentarnos y escuchar, debatir, compartir.
Ciertamente es el momento, muy probablemente único e irrepetible, para generar un marco legal que permita a los chilenos y chilenas, acceder a educación superior de calidad y gratuita.