Luego del cónclave de la Nueva Mayoría, se han sucedido los análisis sobre las repercusiones del evento y quiero detenerme en los avances hacia la gratuidad que fueron anunciados.
Debemos reconocer que hubo progresos, porque cuando se explícita que la gratuidad se amplía a nuevas instituciones universitarias, que no pertenecen al CRUCH (Consejo de Rectores), se da un paso para terminar con políticas que han tenido como único sustento el año de fundación de las universidades, generando la odiosa división entre CRUCH y privadas, sin considerar trayectorias, ni el proyecto académico que representan, o los mecanismos de participación que contemplan en su gestión.
El esfuerzo planteado por el gobierno de reducir del 60% al 50%, para aumentar la cobertura del beneficio, posee el mérito de tomar una decisión desde una ‘perspectiva realista y sin renuncias’. Con costos por cierto, por las presiones que han ejercido algunos rectores, quienes señalaron que debieran ser compensados por esta reducción.
En definitiva el gobierno ha sido capaz de superar los criterios ideológicos, asumiendo pragmáticamente la implementación de la gratuidad. Se echa de menos eso sí, un análisis más fino del tipo de estudiantes y de universidades que podrían haber sido favorecidos.
Debemos tener en cuenta que el respaldo o rechazo a la iniciativa, se va a jugar en esta etapa, en la que se harán visibles para la opinión pública el impacto de la gratuidad, más allá de los eslóganes.
Los beneficiados serán el 50% de los estudiantes más vulnerables que hayan accedido a las 25 universidades del CRUCH, por eso resulta injustificable que 4 universidades ‘tradicionales’ que tienen menos de 4 años de acreditación, que es el requisito mínimo que se les va pedir a las privadas, sí puedan acceder a esta etapa de la gratuidad.
Si algo es indispensable para darle solidez a esta política, es que sea consistente, coherente y predecible. Lo que claramente ha faltado hasta el momento y todavía estamos a tiempo de rectificar.