El Sistema Nacional Universitario que se creará a partir de la reforma educacional debe incluir un número máximo de vacantes a ofrecer por cada carrera sobre la base de proyecciones de desarrollo del mercado laboral y de necesidades de la economía nacional en cada área.
¿Cuántos ingenieros, médicos, constructores civiles, psicólogos, técnicos agrícolas o arquitectos necesita Chile? Lo definirá el mercado, es la respuesta que nos hemos venido dando en los últimos 35 años como país.
El resultado es que nos encontramos hoy con que importamos ingenieros y técnicos para la minería y que la tasa de desempleo en algunas profesiones (médicos veterinarios, actores, historiadores, dentistas, periodistas, kinesiólogos, entre otras) está entre el 10% y el 30%, según dan cuenta diversos estudios de empleabilidad.
El anhelo de movilidad social que representa el acceso a la educación superior ha sido profundamente cuestionado por la realidad laboral de los cerca de un millón y medio de jóvenes estudiantes universitarios, quienes salen al mercado a vender su fuerza de trabajo calificada, con el sueño de obtener mejores salarios para poder pagar sus costosas carreras.
Muestra de ello es el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el que establece que Chile tiene la tasa de licenciados desempleados más alta de los 34 Estados pertenecientes a este organismo con un 5,4%, y le sigue México con un 4,8% de licenciados desempleados.
El costo de las decisiones de estudio lo paga cada familia chilena, cada joven que ha sido atraído por la publicidad de las casas de estudio, las que se han transformado en avisadores relevantes en el mercado chileno. Cada año se financian carísimas campañas publicitarias para atraer a los jóvenes a estudios cuya calidad no está garantizada y cuya inserción laboral está lejos de ser posible.
El Sistema Nacional Universitario que se creará a partir de la reforma educacional debe incluir un número máximo de vacantes a ofrecer por cada carrera sobre la base de proyecciones de desarrollo del mercado laboral y de necesidades de la economía nacional en cada área.
Para la Federación de Colegios Profesionales Universitarios esta debe ser una materia central de la reforma a la educación superior que deberá entrar este año al Congreso. La fijación de un máximo de vacantes universitarias deberá acompañar a otras regulaciones del Sistema Nacional Universitario, como la definición del perfil de carreras, los estándares de calidad que debe cumplir cada casa de educación superior antes de comenzar a impartir cualquier licenciatura y la certificación de competencias laborales que deberá realizar todo profesional que aspire a obtener un título ante un organismo autónomo de cada universidad.
Sólo así las universidades podrán hacer un aporte gravitante al desarrollo nacional en lugar de ser máquinas de ganar dinero que producen profesionales cesantes y endeudados.