Al definir el paquete de indicaciones que el Ejecutivo incorporó al proyecto de reforma educacional que se tramita en la Cámara, Fulvio Rossi, presidente de la comisión de Educación del Senado, dijo: “Es un traje a la medida de la Iglesia, y en buena hora”, y agregó que él mismo se había entrevistado con Monseñor Ezzati para concordar las modificaciones al proyecto que satisficieran los requerimientos de la jerarquía de la Iglesia Católica.Traje a la medida, tenemos entonces. No es muy decoroso celebrarlo.
Se confirma que la doctrina predominante en la política es el pragmatismo puro y duro: hay que ser amigo de la Iglesia porque ella es poderosa. Desgraciadamente, esto plantea enormes dudas respecto de cuán firmes son las bases del Estado laico en Chile.
No está en discusión que los colegios católicos subvencionados reciban garantías para seguir funcionando sin obstáculos, sino el hecho de que los colegios no confesionales reciban un trato distinto: en los hechos, son discriminados por no ser religiosos, y eso es inaceptable.
El objetivo no declarado de la ley que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección es, en rigor, reducir al máximo el espacio de la educación particular subvencionada, porque de ese modo, según la visión de los ideólogos de la reforma, la educación pública pasará a ser dominante.
Si ese era el punto de partida, la vía más directa habría sido estatizar los colegios particulares subvencionados que tenían copago, pero como eso habría sido difícil de tragar para la mayoría de la población, se optó por una fórmula oblicua, llena de recovecos, que debía cumplir el propósito de mostrar a los sostenedores particulares como enemigos del pueblo.
Los diputados Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Fidel Espinoza propusieron que se encarcele a los que obtengan ganancias. Y sucede que, de acuerdo a lo dicho por el senador Carlos Montes, la mayoría de los sostenedores de los colegios que figuran legalmente con fines de lucro, en realidad no lucran.
¿En qué consiste el traje a la medida? En que, si la ley es aprobada tal como está, los colegios religiosos no tendrán problemas respecto de la propiedad o arriendo de los establecimientos, puesto que las congregaciones, parroquias u otras entidades de la Iglesia podrán mantener la propiedad de ellos, sin tener la obligación de venderlos a bajo precio o prestarlos gratuitamente al sostenedor.
¿Qué va resultar de todo esto? Probablemente, algunos colegios subvencionados se convertirán en particulares pagados. ¡Y el objetivo era “desmercantilizar la educación”!Como es obvio, esa no será una alternativa para las familias de ingresos modestos.
Es previsible que otros colegios opten por cerrar.¿Qué va a pasar con los alumnos en tal caso? ¿Volverán a los municipales, de los cuales muchos se fueron? Nadie lo sabe.Y mientras tanto, ¿qué avances se producirán en los colegios públicos, especialmente en las comunas que concentran a la población de ingresos bajos y medios? No hay luces al respecto.
Cuando el ministro Eyzaguirre sostiene, en defensa de su proyecto, que el objetivo es que la educación de los alumnos deje de depender de la fortuna de los padres, da la impresión de que está preparando un proyecto para estatizar el Verbo Divino, el Saint George, el Grange, la Alianza Francesa, el San Ignacio y demás colegios de elite.
Pero la estatización de esos colegios (en los que estudia la mayoría de los hijos de los ministros y los parlamentarios), no está en los planes, y si estuviera sería un desatino gigantesco.
¿Qué sentido tiene entonces seguir diciendo que se termina el mercado en la educación?¿Emocionar a algunos diputados? ¿Conseguir aplausos de la Confech? ¿O acaso el lenguaje de epopeya ya es un signo de distinción?
Nadie se explica por qué el gobierno no partió por concentrar sus esfuerzos en elevar la calidad de la educación pública, sobre todo de aquellos establecimientos con bajos aprendizajes, en los que se concentran los alumnos vulnerables.Se trata de colegios que dependen directamente del Estado, que están “desmercantilizados” y que requieren apoyo en todos los ámbitos. Amplios sectores reclaman que los recursos de la reforma tributaria se destinen prioritariamente a la educación preescolar. ¿Veremos algunos avances en estos 4 años?
Ojalá que el ministro y sus asesores, y también los parlamentarios que opinan con poco conocimiento, dejen de repetir proclamas y se preocupen de dar alguna certidumbre a miles de familias que hoy no saben qué va a ocurrir el próximo año, y a las cuales parece que solo les quedará la alternativa de buscar cabida para sus hijos en los colegios subvencionados que pertenecen a la Iglesia.