¿Cómo reaccionarían los pasajeros de un barco si les decimos que están a punto de hundirse y que no hay suficientes botes salvavidas para todos?
Probablemente,presos del pánico y de la desesperación, correrían a asegurarse una plaza en un bote para ellos y sus familias. Cuesta imaginarse cediendo educadamente su asiento al que viene detrás.Es el instinto de supervivencia.
Pues bien, esto mismo es lo que está pasando ahora dentro del sistema educativo chileno: fruto de un barco mal diseñado, donde no hay botes salvavidas para todos, los estudiantes muestran una cara poco deseable al competir por unas pocas plazas dentro de los salvavidas para no hundirse.
¿Podemos condenar la actitud personal del que utiliza las herramientas que el propio sistema torpemente le entregó y que le permite pasar por encima de su compañero para salvarse? ¿No será más razonable criticar el diseño del barco, que no dispuso de flotadores suficientes para todos?
Desde que el Consejo de Rectores (Cruch) incorporó a los factores de selección, que ya existían para entrar a la universidad, un nuevo factor denominado Puntaje Ranking de Notas, miles de alumnos de liceos emblemáticos han salido a la calle para manifestar su descontento con esta nueva medida de selección, que expresa la posición relativa del alumno con referencia al rendimiento de su colegio.
Al ser sus liceos más exigentes en términos de notas, normalmente los jóvenes se ven afectados por esta medida, que se estableció con el objetivo de compensar a aquellos estudiantes que por provenir de una enseñanza de mala calidad desde sus primeros años, no pudieron acceder a una educación secundaria mejor.Es solidario y justo: el ranking se focaliza en los más pobres y es un buen predictor de rendimiento académico posterior.
Pero las rendijas del sistema han permitido que algunos alumnos de liceos emblemáticos hayan decidido dejar a sus viejos compañeros de clase en el último año, para cambiarse a liceos municipales convencionales, buscando obtener un mayor puntaje en el ranking de notas que decida su entrada a la universidad; o dicho de otro modo, agarrarse al bote salvavidas para entrar a la universidad y asegurar la ayuda estatal para el financiamiento de sus estudios.
Muchas de las críticas que se han dirigido hacia ellos acusan su falta de compañerismo y su actitud hipócrita, por haber sido ellos mismos los que defendieron procesos de reforma en la educación pública del país. Pero, ¿es incompatible luchar por una educación inclusiva y de calidad y al mismo tiempo defender su propia situación, tratando de subirse a algún bote que no estaba destinado a ellos?
Digamos que, una vez más, el mecanismo de “ranking de notas” no es otra cosa que un correctivo a la desigualdad existente en nuestra educación. Una focalización que pretende remediar una inequidad mayúscula en la educación chilena; que pretende repartir justicia entre ciudadanos, en este caso jóvenes, que se debaten, todos ellos (sí, todos), entre la pobreza y la vulnerabilidad, entre alumnos de liceos emblemáticos y “de los otros”.
Porque las cosas son como son: ¿usted ha visto a algún alumno de un colegio privado en esta disyuntiva entre alumnos de colegios “públicos”? Evidentemente no. Ellos, de una manera u otra, ya tienen garantizado su acceso a la universidad: tuvieron la posibilidad de acceder a colegios particulares, donde se imparte una enseñanza de buena calidad, con lo que tienen más posibilidades de obtener mejores puntajes y en el caso de no obtenerlos, sus familias disponen de recursos suficientes (o capacidad de endeudamiento) para costear una universidad privada.
Así las cosas, tenemos a un número de jóvenes estudiantes de liceos (marginal en todo caso), presionando a los de más abajo. Todo dentro de la legalidad. La pregunta es ¿por qué existe ese grado de desesperación que les lleva a pasar por encima de sus propios compañeros?
Los jóvenes, materia de nuestras condenas morales, tienen 17 años, bajos ingresos y llevan estudiando todos estos años, para poder obtener un buen puntaje que les permita acceder a la universidad con becas y préstamos del Estado, abaratando lo máximo posible el costo de su educación superior. Pero en dos años cambiamos las reglas del juego (con errores).
Aquí comienza la confusión: les pedimos que actúen en términos personales de manera solidaria e inclusiva, que no se cambien de liceo, que no salgan a la calle, que no traten de alcanzar el bote, que piensen en los que recibieron menos oportunidades que ellos. ¿Es razonable pedirlo?
Sí, es razonable, siempre y cuando el acuerdo social sea que todos actuamos de igual manera, que en este caso significa que la educación en cualquier nivel, también esté basada en principios de solidaridad, equidad e integración. Un sistema distinto, como el que tenemos, de mercado en la educación, provoca conductas propias de mercado. Así las cosas, como dijo el ex presidente Aylwin, “el mercado es cruel”, y los estudiantes que se han cambiado de liceos lo saben y actúan en consecuencia.
Un país donde todos los ciudadanos se sumen a la búsqueda del bien común, incluido el de estudiantes vulnerables, requiere acuerdos sociales integradores, y en esos acuerdos los responsables principales están al debe. De otra manera, ¿cómo explicar estas situaciones?
Estamos diciendo claramente que más que pedir conductas individuales irreprochables, hagamos política pública de calidad, irreprochable. En ese contexto y no en otro, la conducta de los estudiantes hoy día cuestionada, será socialmente inaceptable.