El programa del nuevo gobierno plantea como una de sus prioridades una Reforma Educacional integral cuyos pilares, en particular para la educación superior son principalmente, el fin al lucro, el avance gradual a la gratuidad universal en la universidad pública, el financiamiento de la educación superior, la atención preferente a alumnos vulnerables, un nuevo sistema de acreditación para todas las instituciones y la creación de la subsecretaría de Educación Superior.
Constituye la oportunidad de un amplio y necesario debate.
Esto genera las posibilidades para la comunidad universitaria de retomar la discusión, interrumpida por el golpe de Estado en 1973 y por sus consecuencias normativas reflejadas en la legislación impuesta del año 1981 cuyo efecto más dramático en el tiempo ha sido la concepción de la educación superior como un negocio: los estudiantes transformados así en clientes, los académicos transformados en funcionarios u operarios, y sus autoridades directivas transformadas en gestores de una comunidad empresarial.
En este contexto, que debemos tener presente, ¿qué es hoy día la institución universitaria?
Ya en 1986, nuestro recordado Luis Scherz se aventuraba a plantear que hacia el 2000, en un contexto de recuperación de la democracia en Chile, la Universidad probablemente pasaría de un modelo profesionalizante napoleónico a un modelo humboldtiano centrado más bien en la importancia de la investigación.
Él avizoraba bien que este debate no sería únicamente chileno. Hoy, acelerado por el fenómeno de la globalización, ciertamente este debate crucial se da en las universidades de distintas latitudes.
Postulamos que la Universidad está en crisis y que, probablemente, esté en el centro del nuevo debate, encontrar su definición y su rol social más allá o superando e integrando ambas visiones clásicas.Las comunidades universitarias deberían movilizarse en torno a esta primera cuestión central.
En la aurora de este debate que ojalá se inicie pronto, aparece el concepto de Universidad pública y un segundo elemento central para la discusión, ¿qué sería hoy la universidad pública?
Tradicionalmente se ha considerado la Universidad pública como aquella generada por ley y/o aquella financiada por el Estado, siendo este último componente el que ha predominado históricamente en América Latina y en Chile para identificar a esta institución.
Con este criterio, Chile construyó y consolidó su patrimonio universitario, siendo hasta 1980, ocho las universidades llamadas “tradicionales” que combinaban universidades creadas por el Estado y universidades de creación privada, todas ellas con financiamiento público relevante.
Equivocadamente, y utilizando justamente las realidades consagradas por la legislación impuesta que se critica, algunos pretenden hoy día reducir la Universidad pública al ámbito de las universidades estatales.
Afortunadamente el propio ministro de Educación designado por la Presidenta Bachelet ha sostenido un criterio que refuerza nuestra tesis al señalar por escrito en una columna de opinión: “Hasta ahora he usado, sin definir, el concepto de universidad pública. Aunque es materia de controversia, no lo veo como sinónimo de universidad estatal. Corporaciones sin fines de lucro, debidamente acreditadas y que solo busquen crear y difundir el saber sin discriminaciones de ningún tipo, ni por raza, credo, condición social o corriente de pensamiento, tanto en sus contenidos como en la selección de alumnos y profesores, constituyen, en un sentido amplio, una universidad pública”.
Adicionalmente, otros componentes que caracterizarían a una Universidad pública, según diversos autores, serían, por ejemplo, “ser una institución de educación superior que cumple con el derecho ciudadano a la educación en todos sus niveles, de acuerdo a los conocimientos y la formación ciudadana que la sociedad define como necesarios”, “ser una universidad pública que desarrolla la investigación que la nación necesita para aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas”, etc.
Por su parte el Rector de la Universidad de Concepción, profesor Sergio Lavanchy, ha señalado justamente y en forma reiterada la necesidad de que el Estado considere el carácter público de esa Casa de Estudios Superiores y, en general, de las otras universidades tradicionales “por cuanto nadie podría dudar del rol social e igualitario que cumplen ni de la generación de bienes públicos que cada una de ellas realiza”.
Por nuestra parte, creemos que la Universidad pública debe distinguirse esencialmente por “pensar a Chile y a los chilenos”.Para ello, su prioridad debe estar focalizada en ser un referente “anticipatorio y crítico” de los modos y caminos en que la sociedad chilena construirá un futuro sostenible, más justo y más humano y se insertará en el mundo.Ella debe criticar, anunciar, inventar.
La Universidad pública debe, más que ninguna otra, ser conciencia crítica de la sociedad.Este debate es de la mayor importancia y sería hermoso ver que moviliza también a nuestras comunidades universitarias.