De acuerdo a una reñida votación en el Senado de la República Harald Beyer, profesional de excelencia según sus amigos y aduladores, concluyó su misión a cargo del ministerio de Educación (Mineduc). Cayó en desgracia porque no se atrevió o no pudo, por imposición del Palacio de La Moneda, a combatir el lucro ilegal que desde hace años obtienen algunos con la explotación de las universidades privadas constituidas falsamente como fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro (sic).
Nos llamó la atención el excesivo dramatismo que le ha dado el gobierno a este episodio : una impetuosa ministra rubia las emprendió en contra de una pre candidata presidencial y otra ministra , quien no se despegaba del acusado, se puso a llorar como una desconsolada magdalena.
Recordemos que estas universidades, personas jurídicas, solo se registraban en ese ministerio para que sus hábiles organizadores y controladores, con reclutados profesores-taxis, iniciaran sus actividades con coloridos avisos en la prensa para captar sus clientes-alumnos, los mismos que si después de un tiempo llegaban a cifras muy altas, eran transados en el mercado por suculentos montos en dólares.
Los adquirentes de este interesante e imaginativo negocio, que cuenta con innumerables subsidios del Estado, han sido empresas norteamericanas que se sienten muy atraídas por la seriedad de nuestras instituciones públicas. Como vemos, el Mineduc a esas universidades no las autorizaba después de un exhaustivo análisis para medir la calidad y competencia de cada proyecto.
En razón a que era muy evidente la trampa que se estaba cometiendo, el 13 de julio de 2012 le pedimos a Beyer, conforme a la Ley de Transparencia Nº 20.285 , que nos entregara un listado con el nombre de fantasía y RUT de todas esas universidades con indicación de la fecha del respectivo registro en su ministerio.
Asimismo le solicitamos que nos suministrara la nómina de las personas jurídicas y naturales que habían suscrito la escritura pública de las mismas, con los cambios posteriores hasta llegar a la actualidad y otros datos necesarios para sacar conclusiones fehacientes en cuanto a quienes son los que han estado usufructuando con este bien concebido ardid.
Copia de esa comunicación se le entregó al fiscal nacional Sabas Chahúan para que iniciara la investigación penal de rigor, ello porque en esa fecha ya se conocía la grave denuncia del ex diputado Raúl Urrutia respecto de que acontecido en la Universidad del Mar, cuyos dueños mantenían una amistosa relación comercial con un bondadoso miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Beyer no respondió, lo hizo una funcionaria quien el 3 de septiembre de 2012 nos manifestó que esa documentación no estaba disponible en el ministerio y que confeccionarla “implicaría distraer al personal del desempeño regular de sus labores habituales” (sic).
Ante este tipo de respuesta quedaban dos opciones : 1) el Mineduc es un organismo en donde reina el desorden más impresionante, 2) la autoridad superior del servicio consideró delicado que se conocieran todos los nombres de las sociedades espejo que obtenían ganancias mal habidas. Ante esta disyuntiva, nos inclinamos por la opción uno.
El viernes 19 de abril pasado nos dirigimos por escrito a Fernando Rojas, en su calidad de Ministro interino, con el propósito de que respondiera en debida forma la solicitud de información pública que Beyer, nueves meses atrás, aducía no tener. Asimismo lo exhortamos para que, como nueva y transitoria autoridad competente, iniciara la fiscalización en todas las universidades privadas que sirven de chasis jurídico para que sus dueños lucren.
Aquellos que gobiernan en la actualidad, acérrimos promotores de la libertad para emprender, pregonan que se debe respetar el Estado de Derecho, pero miran para el lado amparando esta artimaña. Ellos están en contra de la gratuidad total en la educación, bandera de lucha de los movimientos estudiantiles, pero no han adoptado ninguna iniciativa para regularizar el sector de la enseñanza superior.
Podemos estar a favor o en contra del lucro en estas actividades de enseñanza, pero mientras no se modifique la legislación se debe exigir el cumplimiento del marco regulatorio porque el escenario actual es indigno de un país miembro de la OCDE.
Fernando Rojas, quien ha sido subsecretario de los tres ministros de Sebastián Piñera, sabe muy bien de lo que estamos hablando y por ello esperamos que le informe en detalle a la nueva ministra Carolina Schmidt en orden a que el deber de ella es ordenar la casa para sincerar esta delicada materia.
Es más, en razón a que el gobierno sostiene que el lucro es necesario para desarrollar en mejor forma esta importante actividad, la obligación de la nueva ministra es preparar a la brevedad un proyecto de ley en este sentido, con lo cual podrían coexistir en el país las universidades públicas y privadas del CRUCH, las privadas corporaciones efectivamente sin fines de lucro y las sociedades empresariales, es decir, con fines de lucro.
Claro que estas últimas, que serán las menos, por estar orientadas a la privilegiada élite, no podrán tener ninguna ayuda del Estado y la calidad de la enseñanza impartida por todas ellas deberá ser fiscalizada por un ministerio de Educación que asuma con seriedad su rol.
Carolina Schmidt, mujer muy bien evaluada en las encuestas, tiene la palabra y esperamos que ella haga lo que no hicieron sus antecesores.