No hay justificación económica. Ésa es la respuesta frente a la interrogante que genera la importante alza de los precios de las frutas y verduras frescas, especialmente en los supermercados, que se ha registrado en los últimos 12 meses, alcanzando un aumento del10,4% según el Instituto Nacional de Estadísticas, más del doble de la variación del IPC en el mismo, que alcanzó un 4,4%.
La creencia popular lleva a los consumidores a creer que son los agricultores quienes aprovechan los cambios de temporada, las Fiestas Patrias o las festividades de fin de año para subir los precios. Sin embargo, los datos recopilados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), que monitorea de manera constante los valores de frutas y verduras a lo largo de todo Chile, indican que los precios de venta de los pequeños productores se han mantenido estables durante el último año.
Ello, sumado a que otros factores que inciden en el precio final del mercado de las hortalizas, como son la mano de obra y el gasto en combustibles por concepto de transporte incluso han disminuido su valor, hacen fijar la vista en el rol que cumplen los intermediarios y actores del retail en el manejo de los precios.
Un ejemplo claro y que en el Centro de Competitividad de la Universidad del Pacífico conocemos de cerca -en el marco de un proyecto financiado por Corfo Arica y Parinacota- es el mercado de los tomates, a través de la plataforma Isidroapp.cl que busca potenciar la producción hortícola de la zona norte, acortando la asimetría de información entre productores y el mercado. En los supermercados de gran parte del país su precio se ha registrado hasta los $1.500, mientras que sus principales productores reciben en torno a $5.100 a $5.500 pesos por el “toro” (asi le llaman a la caja) de 18 kilos, incluyendo el precio de la caja de almacenamiento.
La especulación respecto al aumento de la demanda de tomates con motivo de las Fiestas Patrias y su efecto en el IPC de septiembre ya nos mostró que los intermediarios hacen subir su precio, sin que se considere, por ejemplo, que hoy existe un factor que aumenta de manera considerable la oferta como es el ingreso de tomate peruano, cuyo efecto debió ser una disminución de su valor para los consumidores finales.
Esta importación, sin embargo, sólo parece haber sido una excusa más para reducir el precio que se les paga a los pequeños productores, quienes incluso recurrieron a la Justicia interponiendo un recurso de protección en contra del SAG“por ejecutar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú de manera arbitraria e ilegal”.
Si sumamos que muchas veces los intermediarios manejan las expectativas del mercado al retrasar su decisión de compra a los pequeños horticultores de la Región de Arica y Parinacota, generando así una sobreoferta y al mismo tiempo la idea de escasez o sobredemanda en los consumidores, el objetivo final es claro. Así logran comprar a un menor precio, perjudicando a los agricultores, y revender a un alto valor en ferias y supermercados.
Ante este escenario, es urgente tomar medidas concretas que ayuden a los pequeños emprendedores a organizarse, introducir prácticas empresariales para incrementar sus utilidades y administrar mejor sus cosechas o producción, adaptándose a través de la innovación a las reglas de las economías de mercado como la chilena, que adhieren a diversos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales.
Si la producción peruana cumple con los requisitos fitosanitarios y el SAG no tiene reparos con la internación de sus tomates, el recurso judicial interpuesto no tiene muchas probabilidades de prosperar. También hay que considerar que Tacna es zona franca y tienen una superficie de plantación mayor a la ariqueña, por lo que los costos de producción son más baratos al igual que la mano de obra. Ello inevitablemente repercute en los precios.
¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta es mejorar los procesos productivos, agregar valor a los cultivos para no venderlos como comodity en cajas de 18 kg , si no con empaque, con código de barras, deshidratados, productos gourmet, etc.
Adicionalmente, frente a la evidencia de que alguien está ganando al introducir factores artificiales en el mercado y matando la agricultura, es necesario que se castiguen estas malas prácticas y falta de ética.
Quizá lo ocurrido con la colusión del confort, el precio de los pollos en los supermercados y el “Caso Farmacias”, en el que sólo se obligó a los implicados a cursar un programa de capacitación sobre ética empresarial por un año para prevenir nuevos hechos de colusión y la obligación impuesta de reparar el daño provocado sea un punto de partida para que como sociedad tomemos conciencia de la necesidad de proteger nuestra agricultura, que finalmente es parte fundamental de nuestra identidad nacional.