Actualmente, los adultos mayores en Chile representan el 16,7% de la población y suman más de 2 millones 885 mil personas. Un escenario que, de acuerdo a las proyecciones, aumentará significativamente en seis años más, donde habrá más adultos mayores que menores de 15 años en el país.
En este contexto, la reciente entrega de los resultados de la “Cuarta encuesta de inclusión y exclusión social del adulto mayor”, realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (FACSO), destaca que el 75,8% de los encuestados cree que el país está “poco” o “nada” preparado para enfrentar el fenómeno de la vejez y el envejecimiento. Esto se explicaría que para muchas personas, la jubilación supondrá un retroceso en las condiciones materiales, físicas y cognitivas. Por lo tanto, se genera incertidumbre sobre la calidad de vida durante la vejez.
En el mundo, el número de personas que rebasa la edad de 60 años, aumentó en el siglo XX de 400 millones en la década del 50, a 700 millones en la década del 90, estimándose que para el año 2025 existirán alrededor de 1.200 millones de ancianos. También se ha incrementado el grupo de los “muy viejos”, o sea los mayores de 80 años de edad, que en los próximos 30 años constituirán el 30 % de los adultos mayores en los países desarrollados y el 12 % en los llamados en vías de desarrollo.
El reto social que el proceso de transición demográfica representa para las naciones, se debe a las grandes necesidades que genera desde el punto de vista económico, biomédico y social. Su repercusión sobre el sistema de salud radica en que son los ancianos los mayores consumidores (relativos o absolutos) de medicamentos y servicios de salud. A nivel estatal, representa un considerable aumento de los gastos para la seguridad y la asistencia social. De la misma manera que el envejecimiento transforma sustancial y progresivamente la situación de salud individual, también influye sobre la estructura y la dinámica de la familia como célula básica de la sociedad.
Nuestro sector de las Mipymes, en Chile y Latinoamérica, no es ajeno a esta realidad, sumado a que la gran mayoría trabaja por cuenta propia o independiente. Podemos señalar, por un lado, en el caso del transporte menor, que el 26 % supera los 60 años de edad, aumentando desde el año 2009 (era del 12% según estudio de Sercotec).
Es común ver conductores, operadores y propietarios de avanzada edad efectuar una labor de alto stress y riesgo, entregando un servicio de calidad y seguro a la comunidad usuaria. En este sentido, es importante entender que las personas mayores representan un capital social activo y una oportunidad para nuestra sociedad, aunque con ciertas características y capacidades, propias de la edad. Cabe preguntarse ¿por qué tantos adultos mayores siguen trabajando?
Hoy en Chile se está avanzando hacia el fortalecimiento, con bonos y subsidios, pero de no mediar una política pública integradora e incluyente que se preocupe del sector- no solo de la herramienta de trabajo, sino que también de las personas involucradas, especialmente a las de edad avanzada-, es poco lo que podremos construir y aportar a la productividad.
El panorama no es del todo alentador. Se requiere de un impulso más concreto, menos burocrático y más eficiente, de modo que el compromiso de fortalecer las Mipymes y pensar en mirar una integración, tenga un correlato concreto en gobiernos regionales y municipios, que cuenten con capacidades y recursos económicos y humanos para constituir, efectivamente, un aporte a las aspiraciones de una sociedad cada vez más longeva.
Para lograr una verdadera inclusión de los adultos mayores, es necesario construir programas con la gente y para la gente, no a puertas cerradas, ya que la participación de los adultos mayores en este sector es una realidad.