La Corporatocracia es el conjunto de empresas transnacionales que dominan, hasta ahora, el 87% del mercado mundial. Estas se encuentran presentes en casi todos los países del mundo y están en un nuevo proceso de expansión preferentemente en las naciones “emergentes”, es decir, dependientes.
En Chile existe una Constitución que ha permitido durante cuatro décadas garantizar el principio de Subsidiariedad según el cual todo territorio o servicio puede ser entregado a los intereses particulares. El ex presidente Lagos en forma brillante lo ha expuesto manifestando que no es conveniente el proteccionismo y todo lo que pueda ser concesionado debe serlo.
Este planteamiento de la derecha conservadora significa lo contrario de lo que ocurre en las potencias donde protegen en determinado margen su economía y, a su vez, mantienen el poder sobre lo estratégico. Aquí sería lo contrario.
Acorde a lo anterior ocurre el desalojo de unas doscientas familias del “Mall del Mueble”, en Santiago, por parte de la justicia apoyada por la Fuerza Pública, debido a un mandato otorgado por la empresa Walmart que es la dueña del espacio ordenado en devolución.
La situación afecta en términos humanos y económicos aproximadamente a unos 4000 chilenos, lo que configura un caso típico de antagonismo entre intereses de nacionales y corporaciones trasnacionales: el dueño de la tierra en Chile es una multinacional y los trabajadores (empresarios según la prensa), son los arrendatarios.
Lo cierto es que la solución no está dada por la discusión si la equivocación fue cometida por la Inmobiliaria responsable del alquiler, ni si los tiempos otorgados para salir fueron los correctos, incluso ni siquiera si la policía fue agresiva o no, como se ha intentado desviar la atención. Siendo grave lo anterior, el problema fundamental tiene que ver con el derecho al trabajo y la vida digna de los chilenos lo cual constituye el punto central.
En un Estado soberano la construcción de un edificio para supermercado no puede estar por encima de los derechos de la gente, especialmente cuando viven de esta actividad. Lo lógico es que el Estado “compre” su propio territorio-a precios lógicos y no artificiales o de mercado- y lo convenga con los trabajadores.
Otra posibilidad es que Walmart, en tanto cadena de origen estadounidense que provee productos en oferta y alta tasa de empleabilidad según información propia, reconsidere de modo humano su proyecto de almacén Líder y dialogue de modo acertado con los locatarios para resolver el problema real.
Y no hay que desatender otra opción que es aplicar la ley como ordena el modelo neoliberal expulsando, reprimiendo y dejando a su propia “libertad” lo que puedan hacer estos chilenos para su sustento, pero, que la propiedad se respeta es la norma sagrada.
Tal vez esta situación permita comprender por qué es necesaria una nueva Carta Magna y debido a qué también llena de temor a una élite que no quiere ceder nada al país donde extrae sus riquezas. Tal vez esa es una explicación.